RESUMEN
La interpretación de los derechos fundamentales define la calidad de la justicia en una sociedad democrática. En nuestro caso particular como nación, la Constitución de 2010 amplió y reforzó estos derechos, estableciendo garantías esenciales para su ejercicio efectivo. Sin embargo, más allá del marco legal, la forma en que se aplican depende de la ética y el compromiso de quienes tienen la responsabilidad de hacer valer la ley.
Los textos jurídicos establecen principios claros, pero la interpretación y aplicación de estos derechos requiere imparcialidad y responsabilidad. Jueces y legisladores deben tomar decisiones que protejan la dignidad humana y promuevan la equidad. En muchas ocasiones, los derechos entran en conflicto y es en estos momentos donde la ética se convierte en un elemento esencial para garantizar resoluciones justas.
Pongamos un ejemplo claro, cuando la libertad de expresión y el derecho al honor chocan, el juicio de ponderación se presenta como la herramienta absoluta para evaluar cada caso. No se trata de imponer una jerarquía rígida, sino de analizar con sensibilidad y rigor jurídico qué decisión ofrece mayor justicia. La ética es lo que permite que estas decisiones sean legítimas y respondan al interés colectivo.
La Constitución dominicana establece que toda interpretación debe favorecer a la persona. Esta disposición exige que quienes ejercen el poder judicial prioricen el bienestar ciudadano en cada resolución. La confianza en el sistema de justicia se refuerza cuando las decisiones son coherentes, bien fundamentadas y aplicadas con transparencia.
Cuando el derecho se usa con fines políticos o intereses particulares, la sociedad resiente sus efectos. Interpretaciones sesgadas o influenciadas por agendas específicas debilitan la credibilidad de las instituciones. Ahí es que entra la función del derecho que es proteger y garantizar equidad, evitando cualquier uso que favorezca a unos en detrimento de otros.
Esto convierte el derecho en una herramienta para apuntalar a una sociedad justa. Su aplicación efectiva exige un compromiso con la transparencia y la integridad. Un sistema judicial basado en la ética fortalece la democracia y refuerza la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia con equidad y apego a la ética y la Constitución de 2010 estableció el marco para garantizar los derechos fundamentales, pero su efectividad radica en quienes la aplican.