RESUMEN
Cada día mueren en el país ocho personas por siniestros viales y otras cincuenta quedan heridas o discapacitadas (cifra estimada con base en series oficiales recientes; precise aquí DIGESETT/OPS/INEC u otra fuente validada). La noticia de dos nuevas víctimas en Barahona —una motocicleta que colisionó contra un camión recolector detenido por desperfecto— se suma a una crisis nacional invisibilizada, que en solo una semana proyecta 56 muertes y más de 350 lesionados. No hay huracán, epidemia o incendio que cobre tantas vidas en tan poco tiempo, y sin embargo, el país sigue transitando su duelo sin duelo. Este hecho ilustra un patrón nacional, no una excepción.
El episodio ocurrió en una de las vías donde convergen el tránsito pesado y la movilidad precaria. Un camión municipal, detenido en plena calzada, se convirtió en obstáculo mortal. No fue una “fatalidad”, como suele decirse; fue la expresión material de un modo de vida que combina desinversión pública, informalidad laboral y abandono del espacio urbano.
Barahona no es excepción. Es retrato del modelo vial que domina la República Dominicana: ciudades planificadas para los vehículos, no para las personas; transporte público en ruina; economía de la motocicleta convertida en refugio de subsistencia para miles de jóvenes sin empleo formal. Los choques no son el problema: son el síntoma visible de una estructura que produce riesgo como produce desigualdad.
Si proyectamos una semana hacia atrás y otra hacia adelante, las cifras duelen más que las metáforas: en catorce días, más de 110 muertos y 700 lesionados, muchos con secuelas permanentes. Esa magnitud supera la letalidad de varias enfermedades transmisibles combinadas. Pero mientras los hospitales públicos saturan sus salas de trauma, las autoridades locales debaten presupuestos, y las aseguradoras reajustan sus tarifas, la violencia vial sigue sin nombre ni política de Estado.
Cada siniestro arrastra una cadena invisible: hogares que pierden ingresos, niños que quedan sin padres, familias empobrecidas por gastos médicos. La productividad nacional se erosiona silenciosamente, mientras el discurso oficial insiste en campañas de “concientización individual” que culpabilizan al conductor y absuelven al sistema.
Es hora de llamar las cosas por su nombre: no son accidentes, son muertes evitables. Son el resultado de un modelo urbano desigual, de municipios sin control técnico de flotas, de carreteras sin iluminación y de un sistema de salud que reacciona, pero no previene. Mientras la prensa titula con eufemismos y los partes policiales contabilizan cadáveres, el país avanza —literalmente— sobre los cuerpos de los suyos.
Qué haría la diferencia en 12 meses:
– Inspección técnica y mantenimiento obligatorio y público de flotas municipales y contratistas.
– Corredores seguros: iluminación, pasos peatonales y calmado de tráfico en tramos críticos.
– Atención al trauma: tiempos 9-1-1 medidos y publicados; red de trauma con auditoría clínica.
Nombrarla es el primer paso; gobernarla para salvar vidas, el siguiente.
Por Roberto Lafontaine
Miembro del Núcleo República Dominicana – GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO, profesor universitario y exdirector de hospitales