El altísimo nivel de delincuencia desatada en la República Dominicana desde que los delincuentes descubrieron el veintisiete (27) de Septiembre del dos mil cuatro (2004) que entró a regir un código pro delincuente ha causado entre la ciudadanía no delincuente un estado de pánico que, a su vez, ha conducido a un estado de obsesión con la seguridad, debido al elevado número de robos, asaltos, golpes, heridas, lesiones permanentes y asesinatos, entre otros.
Los actos delictivos desde entonces se multiplicaron y se siguen multiplicando creando una cadena de eslabones sucesivos que ha hecho ver claramente que somos un país cuyo ordenamiento jurídico procesal penal, y, de consiguiente, las instituciones de la rama Penal del Poder Judicial no son una garantía de seguridad individual y colectiva; que nuestra sociedad se rige por un conjunto sistemático de normas mal establecidas por tratarse de normas con fundamentos errados cuyo cumplimiento impide la convivencia social y provocan el irrespeto de los derechos de la sociedad como tal colectividad ya que cada una de las personas que la componen están sujetas a vivir bajo un peligro enorme de sus respectivas integridades físicas.
Cada persona en la República Dominicana quisiera vivir en una sociedad pacífica y no como ahora en que sienten que lo que están haciendo es vivir bajo el control «del más fuerte« o «de los más fuertes«, esto es, bajo el control de los violentos.
De ahí que haya siempre una angustia por evitar ser tocado en la integridad física ya que ello implica una pérdida que podría ser definitiva para desgracia personal propia.
Se supone: que un Estado moderno debe caracterizarse precisamente por cuidar la vida y la seguridad de cada ciudadano y no por lo contrario; que es importante que un Estado luche contra el delito; que la instalación de la Democracia debe llevar a velar por la lucha contra el delito y el terror que este ocasiona; que el Estado no debe estar del lado de lo contrario a esos fines; que el Estado debe procurar que los ciudadanos no delincuentes tengan asegurados el derecho a vivir sin miedo a un ataque delincuencial; que tengan el derecho a vivir seguros como parte del derecho a ser felices.
En el estado actual del Derecho Procesal Penal que nos rige desde el veintisiete (27) de Septiembre del dos mil cuatro (2004) el derecho a la vida y el derecho a la integridad física son una ficción. Y ello es así porque la ingeniería judicial que existe bajo el régimen procesal penal es una ingeniería judicial al servicio del mal ya que la misma está estructurada en función de favorecer los intereses de los delincuentes.
El terror que reina en la República Dominicana ha llegado a un extremo tal que ya se escucha hablar de `El macabro Código Procesal Penal` y ello no es un azar; ello se debe a que la Justicia, virtud suprema, ha devenido en una `Justicia sin filo` para luchar contra la delincuencia. Lo que ha dado lugar a que los delincuentes se hayan convertido en los dueños del país, en una especie de materialización de `Los salvajes al poder`.
Los tiempos que corren desde aquella fecha son tiempos violentos, muy violentos, que han dado lugar a toda esta inseguridad que se respira y se percibe en el ambiente y, de consiguiente, ha dado lugar al Terror que reina. La población, indefensa desde aquella fecha precisa, lo que ve es un matadero y una carnicería. La población indefensa: ve cómo los delincuentes andan ejerciendo el `ius gladii`, o derecho a imponer «la pena de muerte« que se reservaban los romanos como potestad exclusiva suya en los territorios bajo su dominio; ve cómo los delincuentes andan ejerciendo igualmente el «derecho« (¿?) de lisiar, de herir, de golpear, de robar, etcétera.
En síntesis: los miembros de la sociedad no delincuentes esperan seguridad y lo que encuentran es una serie de desgracias que van desde el robo hasta la muerte. Lo cual es una tragedia que era previsible y, por tanto, prevenible, pero se prefirió dar el paso hacia lo incierto para realizar un experimento jurídico que representa toda una modalidad de literal `salto al vacío`. No obstante la voluminosidad de la violencia que ha invadido a la sociedad dominicana y ha permanecido en ella, dicho gigantesco caudal de violencia no ha hecho despertar la consciencia de la élite política dominicana en el sentido de asentar en su consciencia que la responsabilidad de la Justicia debe de ser garantizar a la sociedad, la convivencia en la sociedad.
El derecho de la sociedad a la seguridad está tan desprotegido que es como si la sociedad no existiera ni para la Constitución ni para el incorrecto régimen procesal penal que nos gastamos en desmedro y en perjuicio del derecho de todos los ciudadanos no delincuentes a vivir seguros.
Bajo la normativa procesal penal cepepeísta nadie habla de protección de la sociedad, por el contrario: hablar de eso, es decir, hablar de defender a la sociedad en la doctrina de la misma es considerado un anacronismo.
Lo que ha acontecido en nuestro país es una lección a la sociedad dominicana sobre el porqué fracasan los países cuando tienen una estructura jurídica infuncional.