RESUMEN
La Ciencia Política del siglo XXI transita un terreno movedizo donde convergen la constitucionalización del poder, la mundialización de los mercados y la revolución tecnológica. Bajo este triple prisma, la disciplina se ve compelida a renovar categorías analíticas para comprender fenómenos como la erosión democrática, el hiperpresidencialismo en regímenes formalmente representativos, la judicialización de la política y la gobernanza algorítmica. En América Latina, estos procesos se superponen con economías abiertas, sistemas de partidos fragmentados y ciudadanía digitalmente interconectada.
En el plano normativo, la obra de John Rawls reintrodujo el problema de la justicia como imparcialidad, ofreciendo criterios para evaluar el diseño institucional y la distribución de cargas y beneficios colectivos. Por su parte, Jürgen Habermas propuso una teoría discursiva que vincula legitimidad, derechos y procesos deliberativos; en clave pública, sugiere que la calidad democrática depende de esferas de comunicación inclusivas y garantías procedimentales efectivas. Estas aportaciones resultan hoy indispensables para evaluar constituciones, cortes y autoridades administrativas cuya actuación debe someterse a estándares de razonabilidad y proporcionalidad.
Norberto Bobbio, desde una mirada liberal igualitaria, iluminó la tensión estructural entre libertad e igualdad y subrayó la importancia de reglas claras para resolver conflictos de poder. Niklas Luhmann, con su teoría de sistemas, explicó que el poder opera como un medio de reducción de complejidad en sociedades funcionalmente diferenciadas; una intuición útil para entender por qué ajustes incrementales —más que reformas totales— suelen producir resultados estables en democracias plurales con múltiples centros de decisión.
En América Latina y el Caribe, Guillermo O’Donnell analizó la ‘democracia delegativa’, diagnosticando ejecutivos robustos, controles débiles y ciudadanía intermitente; Manuel Antonio Garretón, a su vez, ayudó a decodificar transiciones, pactos y reconfiguraciones estatales. Sus marcos permiten interpretar los ciclos recientes de hiperpersonalización, el uso expandido de decretos y estados de excepción, y la tensión entre eficacia gubernamental y sujeción al Derecho Público.
La política digital reordena incentivos: plataformas que maximizan interacción pueden amplificar polarización, desinformación y discursos de odio, mientras crean cuellos de botella privados para la deliberación pública. Esto obliga a repensar la responsabilidad de intermediarios, la protección de datos personales, la transparencia de algoritmos y las garantías de debido proceso en la moderación de contenidos. Desde el Derecho Administrativo, emergen preguntas sobre potestades regulatorias, control judicial y cooperación internacional frente a actores transnacionales con poder cuasi-normativo.
A la par, la inteligencia artificial introduce asimetrías de información y riesgos de opacidad en decisiones públicas: desde la asignación de beneficios sociales hasta la vigilancia y la seguridad ciudadana. Ello exige marcos de gobernanza con principios de legalidad, explicabilidad, auditorías independientes y evaluación de impacto en derechos fundamentales, así como mecanismos de rendición de cuentas ex ante y ex post. La Ciencia Política, dialogando con el Derecho Constitucional, debe delinear límites al poder automatizado y preservar el núcleo duro del Estado de Derecho.
En el sistema internacional, la recomposición de órdenes regionales, la crisis del multilateralismo clásico y la disputa geopolítica por tecnologías críticas condicionan márgenes de maniobra de Estados medianos. La interdependencia compleja demuestra que soberanía efectiva hoy significa capacidad regulatoria, infraestructura digital resiliente y diplomacia multinivel. La región requiere políticas exteriores que articulen desarrollo, integración y seguridad con salvaguardas democráticas.
Para la República Dominicana, estos vectores se traducen en retos específicos: fortalecer un servicio civil profesional, dotar de independencia material y funcional a órganos de control, garantizar transparencia en contrataciones y en datos abiertos, modernizar la justicia administrativa y consolidar partidos con democracia interna real. La ciudadanía —cada vez más conectada— demanda políticas basadas en evidencia, comunicación institucional veraz y canales participativos que trasciendan la consulta simbólica.
En suma, la Ciencia Política contemporánea expande su objeto más allá de instituciones formales para estudiar redes, plataformas y sistemas socio-técnicos que median el poder. Su misión —en diálogo permanente con el Derecho Público— es preservar y perfeccionar la democracia constitucional, asegurar gobiernos eficaces pero controlados y promover una ciudadanía activa capaz de disputar narrativas desde información verificada.
Por José Manuel Jerez