RESUMEN
Cumplidas las formalidades legales de parte de la JCE, después de un llamado a concurso público internacional para la adjudicación de la ejecución del proyecto de nueva cedula de identidad y electoral, como lo confirma el Acta No. CCC-48-2025 de su Comité de Compras y Contrataciones, donde notifica la adjudicación al consorcio EMDOC, integrado por las empresas GSI Internacional Inc, IQtek Solutions, Muhlbauer, Ultra Tech, Veridos), con el objetivo de que supla a la institución de los equipos, materiales y servicios para la renovación de la Cédula de Identidad y Electoral. Con este paso, el documento contentivo de la cédula de identidad y electoral en la República Dominicana, es mucho más que un simple documento.
Hay que señalar que, en cada periodo de renovación de cédula, nunca están ausentes las discusiones sobre los temas de la nacionalidad y la migración, donde la cédula se convierte en un documento central en los debates sobre quién es y quién no es ciudadano dominicano, evidenciando su profundo impacto social y legal. Con independencia de dichos debates, la JCE, en su rol constitucional de garante de la identidad y el sufragio, enfrenta, procesa y da salida institucional a la constante presión de modernizar sus sistemas para adaptarse a las demandas de una sociedad cada vez más interconectada y exigente.
A lo largo de su historia, la cedula de identidad, ha encarnado un símbolo de ciudadanía, un instrumento para la participación democrática y una herramienta fundamental para la administración electoral. Desde sus primeras manifestaciones rudimentarias hasta el proyecto de renovación de 2025, su evolución refleja las transformaciones políticas, sociales y tecnológicas del país. Con esta entrega pretendemos realizar un recorrido de dicho trayecto histórico, destacando los hitos más relevantes, los desafíos superados y la visión de futuro del pleno de la JCE encarnado en este recorrido.
Los orígenes de la identificación personal en la República Dominicana se remontan a épocas donde la necesidad de controlar la población y garantizar la seguridad interna era prioridad de Estado. Aunque no existía una «cédula» como la conocemos hoy, los registros civiles, parroquiales y los pases de tránsito emitidos por las autoridades coloniales y republicanas en los periodos fundacionales de nuestras instituciones, cumplían funciones básicas de identificación.
Con la evolución hacia la modernización y la consolidación del Estado dominicano, especialmente bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, la identificación personal adquirió un carácter más formal y centralizado. Fue en este período que se implementó un sistema de registro y control poblacional más riguroso. En un contexto donde el Estado buscaba consolidar su poder y control de movilidad de la población, la cédula se convirtió en un instrumento clave para la vigilancia y la organización electoral, estableciendo un precedente para su doble función. Esta primera cédula, de formato sencillo y con datos básicos, marcó el inicio de una historia de identificación ligada íntimamente al control gubernamental y a la gestión del sufragio.
Tras el inicio de la transición hacia la democracia, precipitada por la caída de la dictadura trujillista, la cédula de identidad comenzó a adquirir una connotación diferente. De ser un instrumento de control interno autoritario, dentro del esquema de ocupación interna, pasó a ser un pilar de la identidad cívica y la participación democrática. La Junta Central Electoral (JCE), establecida constitucionalmente como órgano autónomo, asumió la responsabilidad de su emisión y administración, consolidando la naturaleza dual del documento: identificación personal y credencial de votación. A lo largo de varias décadas, la cédula ha experimentado varias transformaciones, principalmente impulsadas por la necesidad de combatir el fraude electoral, mejorar la seguridad de los datos y modernizar los sistemas de registro.
Lo que conocimos como las cédulas de cartón de los años 70 y 80, aunque frágiles y susceptibles a la falsificación, fueron el estándar por mucho tiempo, siendo testigos de elecciones turbulentas y un valladar en las transiciones democráticas. La preocupación por la transparencia electoral y la fiabilidad del registro civil llevó a la JCE a buscar soluciones más robustas y el legislador dominicano complementó este compromiso institucional con la Ley 8-92 que pone bajo la dependencia de la Junta Central Electoral, la Dirección General de la Cedula de Identificación Personal y las Oficinas y Agencias Expedidoras de Cedulas, la Oficina Central del Estado Civil y las Oficialías del Estado Civil.
Sobre la base de la Ley 8-92 que unifica la cédula de identidad y electoral y una modificación posterior fijada en el artículo 5 de la ley 26-01, añadida a la potestad reglamentaria de la JCE para fijar la duración de la misma, se asiste a un hito fundamental en este recorrido, que fue la implementación de la Cédula de Identidad y Electoral del año 2014, elaborada en material de PVC, con mejoras en el diseño y la implementación de tecnología biométrica facial y huellas dactilares digitales, que es la que se utiliza en la actualidad, medidas de seguridad avanzadas para la época. Este cambio representó un salto cualitativo significativo, en la medida en que incorpora nueva tecnología de punta, como códigos de barras, hologramas y tintas de seguridad, haciendo mucho más difícil su alteración y falsificación. Además, la digitalización de los datos y la creación de un padrón electoral biométrico, sentaron las bases para un sistema de identificación y electoral más confiable.
El presente proyecto de renovación de la cédula al que asistimos, ya con los preparativos iniciales en marcha, es la culminación de este esfuerzo institucional continuo por la modernización y la excelencia. Este proyecto de nación, no solo busca actualizar el documento físico con nuevas y más sofisticadas medidas de seguridad, sino que también pretende integrar aún más la identidad digital. Un entregable que se anticipa como una cédula con mayores capacidades tecnológicas y de ciberseguridad, que facilita la interoperabilidad con otros servicios públicos y privados, agilizando trámites y garantizando una mayor protección de los datos personales.
La visión impulsada por el actual pleno de la JCE, es lograr un documento que no solo certifique la identidad y el derecho al voto, sino que también actúe como una llave maestra para el acceso a un ecosistema de servicios digitales, desde transacciones bancarias hasta la atención médica. En esa lógica, el proyecto de cedulación del 2025 se enmarca en un contexto global donde la identidad digital es cada vez más relevante, en procura de que la República Dominicana quede posicionada a la vanguardia en este ámbito, además de tomar en cuenta los desafíos a enfrentar que incluyen, asegurar la protección de la privacidad de los datos, garantizar la accesibilidad para toda la población, incorporando las zonas rurales y los dominicanos en el exterior, y lograr una implementación sin contratiempos que mantenga la confianza ciudadana en la JCE.
El recorrido histórico de la cédula de identidad y electoral en la República Dominicana aquí descrito, es un reflejo de la propia historia del país, marcada por la búsqueda de la estabilidad democrática, la transparencia electoral y la modernización administrativa. Desde sus inicios como un instrumento de control, la cedula ha evolucionado para convertirse en un pilar de la ciudadanía y un facilitador esencial de la vida moderna. En esa línea, este nuevo proyecto de cedulación 2025, no es solo una actualización tecnológica, es una reafirmación del compromiso de nación asumido por la JCE con una identificación segura, una participación democrática vigorosa y un futuro donde la identidad digital juega un papel cada vez más protagónico.
Lo que se pretende evidenciar el presente artículo, es el trayecto de la cédula de identidad y electoral, describiendo el tránsito, desde un símbolo de control a un pilar de la identidad cívica y participación democrática, bajo la administración de la Junta Central Electoral (JCE). Recorrido que destaca, como en un momento predominaron las cédulas de cartón, que, si bien frágiles, fueron el estándar en un período de búsqueda incesante de transparencia registral y electoral.
El proyecto actual 2025, representa un salto cualitativo con la implementación de la cédula de policarbonato con medidas de seguridad avanzadas, permite integrar múltiples elementos de seguridad, como hologramas, microtextos, imágenes grabadas con láser, y marcas de agua invisibles, dificultando su falsificación o manipulación. Los datos se queman por láser dentro de las capas del material haciéndolos prácticamente inalterables, que conectados con la certificación ISO 27001 obtenida por la JCE, derivando así, en la digitalización de datos y la creación de un padrón electoral biométrico robusto, que sientas las bases para un sistema más confiable.
Los ciclos aquí descritos, muestran cómo la cédula ha evolucionado, de un simple registro a un documento complejo que refleja los cambios sociales, tecnológicos y democráticos del país, donde el policarbonato no es solo una elección de material para la nueva cedula; es una inversión estratégica en la seguridad; la funcionalidad y la perdurabilidad de la cédula de identidad y electoral, sentando las bases para una identidad más robusta, que afiance un futuro digital en la República Dominicana. Así, la nueva cédula emerge como ese pequeño plástico que porta un gran peso histórico y un futuro prometedor, actualizado como documento físico dentro de un proceso integral de identidad digital. !!Enhorabuena!!
Por Felipe Carvajal de los Santos
Master en Estudios Políticos Electorales