RESUMEN
La apertura del nuevo Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo representa, sin duda, una mejora importante. Era necesario sustituir un entorno que durante años funcionó en condiciones impropias: falta de espacio, hacinamiento, suciedad y desorden en un lugar llamado a garantizar derechos. Sin embargo, cambiar el edificio no basta. La infraestructura dignifica, sí, pero no corrige por sí sola los vicios estructurales del sistema.
Las primeras quejas por la falta de parqueos son una señal de alerta. Si no se planifica con visión de futuro, con estacionamientos seguros y suficientes, el acceso a la justicia seguirá siendo limitado, aunque el edificio sea nuevo. La justicia no solo se mide por sentencias: también se mide por condiciones reales de acceso.
El problema de fondo, sin embargo, es otro: la distancia entre el discurso institucional y la práctica judicial. Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia reconoce que la justicia dominicana está colapsando porque “todo se judicializa”, en los tribunales de la fase intermedia ocurre exactamente lo contrario de una política de descongestión: se envía casi todo a juicio.
No hay una depuración seria de los procesos. Se teme dictar autos de no ha lugar. Se mantienen medidas de coerción aun cuando resultan irrazonables. Y así, el sistema se sobrecarga por decisión de quienes están llamados a filtrar, corregir y garantizar legalidad.
Si desde la cúpula del Poder Judicial se identifica el problema, entonces también hay que admitir que parte del aparato judicial contribuye a agravarlo. En la práctica, muchas veces todo lo que solicita el Ministerio Público se concede sin el debido control. Y cuando el juez renuncia a su función de contrapeso, el proceso deja de ser garantía y se convierte en trámite.
En ese contexto, resulta preocupante que una de las respuestas institucionales sea premiar con bonos por desempeño a quienes “hagan su trabajo”. Eso transmite un mensaje equivocado: cumplir con la función no debería ser una conducta extraordinaria que merezca incentivo adicional, sino un deber inherente al cargo. La eficiencia no puede depender de un bono; debe depender de responsabilidad, formación y compromiso con la función jurisdiccional.
No se trata de negar las carencias del sistema. Es cierto: deben mejorarse los espacios de trabajo, fortalecerse la logística y contratarse más abogados ayudantes. Pero también es cierto que el problema no nace solo de la falta de recursos. Se agrava, sobre todo, por la falta de control judicial oportuno y por una cultura institucional que evita asumir decisiones difíciles.
Si los jueces de atención permanente fueran menos permisivos con la prisión preventiva y más rigurosos en la aplicación de la ley, habría menos personas privadas de libertad innecesariamente. Eso aliviaría la carga de los centros de corrección y permitiría al Ministerio Público concentrarse en investigar mejor, no solo en encarcelar primero y justificar después.
Del mismo modo, si los jueces de la instrucción asumieran con firmeza su rol de filtro y contrapeso, llegarían menos casos débiles a juicio. El tribunal de juicio no está para corregir la falta de depuración de las etapas previas; está para conocer procesos que realmente ameriten debate probatorio. Por eso, más que una cadena de quejas, lo que se necesita es una cadena de responsabilidades.
En medio de esta coyuntura, el magistrado Wilson Camacho ha dicho que mientras sea más rentable ir a juicio, nadie hará acuerdos. La frase puede sonar atractiva en términos comunicacionales, pero deja una idea peligrosa en el aire: que los acuerdos no avanzan porque los tribunales de juicio favorecen a los imputados.
Eso no resiste un análisis serio. Las sentencias no son producto de automatismos. Son el resultado de horas de litigación, de contradicción y de examen de pruebas. Cuando una acusación fracasa, muchas veces no es porque el tribunal “favorezca” a nadie, sino porque el Ministerio Público no logró presentar una imputación sólida, coherente y probatoriamente suficiente.
El verdadero problema no es que “salga más rentable” ir a juicio. El problema es que los acuerdos están, en muchos casos, secuestrados. No todos los abogados acceden en igualdad de condiciones. A algunos se les facilitan “buenos” acuerdos; a otros, no. Y esa desigualdad rompe la confianza en el sistema.
A eso se suma otro obstáculo: la centralización de las decisiones sobre acuerdos. Muchas fiscalías no pueden resolver con autonomía, porque deben esperar autorizaciones desde instancias superiores. Ese modelo burocrático, además de lento, contradice la lógica moderna de gestión pública, que exige capacidad de respuesta, descentralización operativa y responsabilidad funcional.
También hay una práctica preocupante: se buscan acuerdos cuando el caso está perdido, no cuando está probado. Es decir, no se promueven como una herramienta racional de política criminal, sino como salida de emergencia. Y cuando no hay acuerdo, entonces se presiona con medidas de coerción desproporcionadas o con la amenaza del proceso largo: “acepta esto o te enfrentas a 18 meses”.
Así no se construye una justicia menos litigiosa. Así se administra miedo, no legalidad.
La justicia penal dominicana necesita otra cosa: jueces que no tiemblen ante la presión mediática ni ante el discurso del fiscal; un Ministerio Público objetivo, equilibrado y abierto al control; y una cultura institucional que entienda que depurar no es debilitar la persecución, sino fortalecerla.
También necesita asumir verdades básicas que todavía parecen incómodas: que puede haber proceso sin preso, que archivar un caso sin méritos no es impunidad, y que respetar garantías no es obstaculizar justicia. Todo lo contrario: es la única forma de hacerla legítima.
Por eso, si de verdad se quiere una justicia penal menos litigiosa y más conciliadora, hay medidas concretas que deben adoptarse de inmediato: transparentar y descentralizar la política de acuerdos, fortalecer el rol de filtro en atención permanente e instrucción, medir el desempeño judicial por calidad de decisiones, no solo por volumen ygarantizar condiciones materiales que permitan trabajar con dignidad.
El debate no debe quedarse en frases efectistas ni en declaraciones para la prensa. Como diría Gandhi: “No te fijes en lo que digo, sino en lo que hago”. En materia de justicia penal, lo que hace falta no son consignas. Lo que hace falta es coherencia institucional. Lo demás es retórica.
Por Shesnel Alejandro Calcaño Mena