RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El apresamiento del albañil Luis Peña Valdez, quien duró doce años preso en la cárcel La Victoria sin ningún expediente en su contra, ha causado conmoción en la sociedad dominicana, donde muchos se han planteado si existe o no la posibilidad que el Estado le pague una indemnización.
En ese sentido, distintos juristas se han expresado al respecto, coincidiendo en que Peña Valdez puede demandar y podría tener «ganancia de causa».
En ese orden, el abogado Trajano Vidal Potentini, dijo que «ciertamente sí, existe la responsabilidad patrimonial del Estado e incluso hasta de los funcionarios públicos, conjuntamente con el Estado que hayan estado inmersos en esa omisión que dio como resultado una injusticia mayúscula como el hecho de mantener presa a una persona que no ha pasado por un juicio. Eso viola el margen elemental de los derechos humanos y del tema del plazo razonable».
Calificó la acción como una violación olímpica de los derechos humanos, por lo que cree que el Estado debe indemnizarlo, «pero esas indemnizaciones quien debe hacer una evaluación es un juez a partir de un juicio. Creo que sería justicia que el mismo Estado proceda».
De su lado, el jurista Brayan Ramírez, expresó que el Estado incurrió en violación a derechos fundamentales, como el artículo 69 de la Constitución, el cual establece el derecho a la defensa, además causó daño y prejuicio contra Peña Valdez.
Sin embargo, señaló que «cuando se demanda al Estado en responsabilidad patrimonial y el Estado dominicano es sancionado, el problema es que hay un principio constitucional que dice que el Estado es inembargable, según establece la Ley 86-11.
Explica que como el Estado es inembargable, cuando una persona tiene una sentencia a favor, en contra del Estado, para que este pueda resarcir ese daño establecido en una sentencia, tiene que incluirse ese pago en el presupuesto de la nación.
Agrega que el pago a la persona a ser indemnizada, entonces, se incluye en el presupuesto del año siguiente al sometimiento con el propósito de que pueda sacar esa cuantía monetaria. De lo contrario, hay que seguir emplazándola hasta verificar en qué presupuesto puede cobrar la indemnización.
Consideró que que el abogado que persiga esa acción debe hacerlo de manera honorifica, «sin beneficios pecuniarios. Es decir, llevar ese proceso sin quitarle nada al cliente».
En tanto, Alvaro Caamaño expresó que pese a que hay elementos jurídicos en los cuales se podría establecer una demanda, en el país «no existen precedentes jurídicos sobre caso como este».
Sobre el caso:
Luis Peña Valdez, quien duró 12 años preso en la cárcel de La Victoria explicó que trabajaba como maestro de albañilería con ingeniero identificado solo como »Moreno», y de los beneficios que obtenía le restaba dinero que luego se lo prestaba al ingeniero para pagarle a los trabajadores.
Expresa que el día que fue a reclamar que le pagara, este desde la habitación, llamó a una patrulla policial, la cual lo apresó hasta el día de hoy.
En una entrevista en El Nuevo Diario en la tarde, Peña Valdez expresó que seguirá siendo el hombre trabajador que siempre fue, que se dedicará a la albañilería y no buscará problemas con nadie.
Su lamento, es que en ese proceso perdió a su madre, quien falleció de tristeza al verlo preso sin haber cometido un hecho.
Confesó que tiene un hijo, pero dijo que no sabe «¿Qué ruta ha cogido la señora que vivía conmigo?».
Ricardo Mojica, quien acompañó a Peña Valdez a END, leyó la resolución que le otorgó su libertad, de la cual dijo que indica que se hicieron todas las investigaciones y él no tenía ningún tipo de expediente, ni nada que sustentara su apresamiento.
Denunció que en los años que Peña Valdez duró preso, por el país pasaron tres procuradores generales de la República y un director de prisión, sin que ningunos haya visto ese caso.
Entre los procuradores mencionó a Francisco Domínguez Brito y a Jean Alain Rodríguez.
¿Cómo supieron del caso?
Juan Miguel Rondón, expresó que raíz de la llegada de Miriam Germán como procuradora general de la República, decidieron montar oficinas en algunas cárceles del antiguo modelo, como la antigua Victoria y el 15 de Azua.
«A raíz de eso tenemos una oficina e investigamos, vamos a las distintas áreas que hay en la Victoria y vemos los casos que se están dando en la penitenciaría», agregó.
Destacó que, a través de Mercedes Cena, quien les puso en conocimiento del caso, entrevistaron a Peña Valdez y se dieron cuenta de que estaba preso sin documentos.
Expresó que luego requirieron una certificación sobre el estatus de él en la cárcel y no apareció absolutamente nada, por lo que procedieron a hacer sus propias investigaciones a través del poder judicial y al no ver nada decidieron asumir la acción constitucional de habeas corpus.
Agregó que las autoridades les pidieron esperar para también ellos someter a otras investigaciones y luego de comprobar que no existía expediente decidieron otorgarle la libertad a Peña Valdez.
