EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jurista Juan Miguel Castillo explicó que Haití es un punto clave para el almacenamiento y tráfico de drogas hacia Estados Unidos por parte de las bandas armadas, además de sufrir un profundo colapso institucional, factores que lo convierten en un país susceptible de una intervención similar a la ocurrida en Venezuela.
Sin embargo, según el jurista, la diferencia radica en que en Haití ya no queda nada por robar ni negocios importantes que compensen una intervención, además de que es un país sin infraestructura, con algunos recursos naturales cuya explotación requiere inversiones tan altas que no resultan rentables.
“¿Quién fabrica esas armas y quién las vende? No es ni República Dominicana ni México, ni es Rusia. Toda esa droga que va a Estados Unidos desde Haití, que es un almacén de drogas, es tan o más grave que el involucramiento venezolano, pero ¿cuál es la diferencia? Que en Haití ya no queda nada por robar”, expresó.
Juan Miguel Castillo realizó estas declaraciones durante su intervención en el programa “Análisis y Síntesis”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa).
Al referirse a las razones de la invención estadounidense en Venezuela, el jurista afirmó que se puede hablar del Tren de Aragua: principal organización narco a la que alude Donald Trump para sostener la extracción del Nicolás Maduro. Incluso del involucramiento de sectores militares con apoyo político y del llamado Cártel de los Soles, y todo eso es cierto.
Sin embargo, expuso que el verdadero motor de esa intervención son los abundantes recursos naturales de un país muy rico, pero mal administrado.
“Nosotros podemos ponerle el nombre que queramos a la intervención Norteamericana, de arrestar en territorio en venezolano en un operativo militar a gran escala a un expresidente, se puede decir todo lo que quiera respecto al tren de Aragua, que es cierto; todo lo que quiera sobre involucramiento de figuras militares con apoyo político de Cártel de los Soles, todo es verdad, pero realmente lo que lleva todo eso adelante son los recursos naturales de un país muy rico y pésimamente administrado”, profundizó.
¿Estados Unidos hizo lo correcto?
Al analizar la legalidad de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el jurista sostuvo que confluyen dos esferas del derecho que suelen solaparse en situaciones complejas: el derecho interno y el derecho internacional.
Pero en caso de Venezuela, no existe una única respuesta definitiva sobre la legalidad del hecho, debido a los múltiples matices que involucra y a que se trata de una situación excepcional.
Explicó que derecho internacional enfrenta un vacío normativo cuando se trata de gobiernos considerados ilegítimos combinados con la ejecución de mandatos de arresto contra funcionarios que colaboran con organizaciones criminales o que han cometido crímenes de carácter internacional o transnacional, por lo que no existe un instrumento claro del derecho internacional público que regule de forma específica este tipo de escenarios.
Describe el escenario:
Durante la entrevista, el profesional de las leyes precisó que en el caso de Venezuela se dificulta ver con claridad ese solapamiento jurídico, ya que, en primer lugar, se trata de la ejecución de un mandato de arresto por un crimen de naturaleza transnacional e internacional, el cual, condiciones normales, debe realizarse en coordinación con las autoridades del país donde se lleva a cabo la detención.
A esto le sumó, la legitimidad del gobierno, argumentando que los Estados que han suscrito la Carta Democrática Interamericana reconocen únicamente a gobernantes surgidos de procesos democráticos. En este caso, el gobernante arrestado y trasladado no es reconocido por alrededor de cincuenta Estados, lo que introduce un elemento adicional de complejidad jurídica y política.
“Aquellos gobernantes de países que han suscrito la carta democrática interamericana deben ser el fruto de un proceso democrático, en este caso, el gobernante arrestado y sustraído, no es reconocido por una cincuentena de Estados”, expuso.
Además, agregó que desde el punto de vista estrictamente militar, no se ha producido un acto de guerra: no hubo una ocupación territorial ni un ataque contra instalaciones militares y la presencia de fuerzas se limitó a garantizar la seguridad del operativo, sin un despliegue bélico convencional.
“Obviamente, está todo el acoso internacional al que se está sometiendo un gobierno que está más cerca de lo dictatorial que de un gobierno democrático, que lesiona las libertades más elementales del pueblo venezolano”, indicó.
