EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El anuncio hecho por el presidente Luis Abinader sobre la renegociación de la concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) el pasado martes, según el abogado Julio Cury, no habría infringido ninguna normativa del marco legal. Expresó que, aunque la Ley número 47-20 de Alianzas Público-Privadas derogó las disposiciones sobre concesiones contempladas en la Ley número 340-06 en su artículo 97, el Estado se habría respaldado en la recién promulgada Ley número 66-23 para otorgar a la empresa mencionada el derecho de operar los aeropuertos públicos por 30 años adicionales.
«Circunscrito a lo establecido por la ley, los artículos 50.3 y 147.1 de la Constitución facultaron al Estado para ceder servicios públicos a terceros a través de la modalidad de concesión. A pesar de la carencia de un marco legal desde la Ley 47-20, la Ley 66-23 fue promulgada para regular transitoriamente los contratos de concesión que el Estado, sus órganos y entidades locales hubieran suscrito antes de la Ley 340-06», afirmó el jurista en un comunicado de prensa.
La Ley número 66-23, promulgada el 9 de noviembre pasado, establece en su artículo 8 que «La facultad de modificación o renovación única es exclusiva de la administración concedente y no un derecho adquirido por parte del concesionario», mientras que su artículo 9 dispone que «En ausencia de un plazo máximo de renovación previsto en el contrato, el plazo otorgado no debe exceder el período original de la concesión, incluyendo las extensiones contempladas en sus adendas».
Cury manifestó que no cuenta con información suficiente para evaluar si la contraprestación asumida por Aerodom a cambio de la extensión del plazo de la concesión se ajusta al interés público o si es proporcional al derecho de explotación concedido. Afirmó que esta tarea corresponde a los legisladores, quienes deberán aprobar la adenda firmada por el presidente Luis Abinader.
El mandatario declaró que la empresa concesionaria adelantaría al país 775 millones de dólares en un período de seis meses como pago inicial por el derecho a operar hasta el año 2060, los cuales serán destinados, según él, a obras públicas. «Lo que puedo afirmar es que lo actuado está respaldado por una base normativa previa, satisfaciendo así el principio de legalidad y el criterio fundamental y legitimador de vinculación positiva exigido por el artículo 138 de la Constitución».
