EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La dirigente política Julieta Tejada reaccionó de manera enérgica ante la denuncia realizada por la doctora Nali Cruz sobre presuntas irregularidades graves en la administración del Hospital Oncológico de Santiago, al advertir que este centro de salud continúa en la palestra por situaciones que generan profunda alarma y que no pueden seguir siendo ignoradas por las autoridades.
Tejada recordó que desde septiembre del año pasado han salido a relucir múltiples denuncias sobre mal manejo administrativo, en una institución que aunque se rige por un patronato, permanece bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y recibe recursos del Estado provenientes de los impuestos de la ciudadanía.
La también comunicadora señaló que entre las irregularidades denunciadas figuran la privatización de habitaciones compartidas, pagos sin soportes, nepotismo, ausencia de un sistema contable confiable, compras de vehículos con fondos institucionales y un cúmulo significativo de deudas con suplidores médicos. A esto se suma el antecedente de una investigación vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que derivó en la clausura de una oficina donde presuntamente se alteraban indicaciones a pacientes asegurados. “Estamos hablando de una cadena de acciones poco éticas y nada transparentes que apuntan a una gestión altamente cuestionable”, enfatizó.
Tejada calificó como “un crimen” la reciente denuncia de que medicamentos oncológicos de alto costo, donados para salvar vidas, habrían sido dejados vencer de manera deliberada para luego ser vendidos. “Esto no puede verse como algo simple ni puede quedar impune. Aquí hay pacientes que han muerto esperando medicamentos y otros cuya condición de salud se ha agravado por la falta o el retraso en tratamientos que debieron recibir a tiempo”, afirmó.
En ese sentido, exigió una investigación urgente y profunda por parte del Ministerio de Salud Pública como rector del sistema y del Ministerio Público, para establecer responsabilidades y garantizar que se haga justicia en defensa de los pacientes oncológicos y del uso correcto de los recursos públicos.
