Resulta siempre difícil acostumbrarnos a las decisiones de los jueces. Incluso, se ha llegado a decir que los dirigentes políticos le temen al gobierno de los magistrados. Eso en buen término lo que significa es que no quieren que sean éstos quienes tracen las directrices, algunas de las cuales chocan con decisiones políticas contrarias a los intereses partidarios.
Habrá, en consecuencia, aunque sea de manera muy soterrada, un enfrentamiento de criterios o de inconformidad. Así pasa con las sentencias de los tribunales ordinarios y con las decisiones que adoptan las altas cortes, las que tratan los asuntos en sus niveles más encumbrados y muchas de ellas de carácter definitivo.
No es cómodo que alguien en un cuarto frío esté emitiendo sentencias que de pronto puedan cambiar de un plumazo el cuadro institucional y hasta político. Quizás por eso los jueces están casi siempre cuestionados, al menos, por una parte de la sociedad y ni se diga de los que están del lado afectado por sus fallos judiciales y constitucionales.
Los jueces acaban siempre bajo sospecha de estar parcializados, en ocasiones ni siquiera se salvan con las largas motivaciones que sustentan sus decisiones. Y entre abogados habrá siempre razones de sobra para argumentar a favor y en contra de un tema que resulte de interés.
La decisión del Tribunal Constitucional de desafiliar al Estado dominicano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) encontrará detractores. Muchos de ellos porque se sienten convencidos de sus argumentos y otros porque se sientan afectados en sus intereses.
Las instituciones nacionales son responsables de preservar el sentido de soberanía de una nación y la sentencia del TC va en esa dirección.
