RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó este jueves los aspectos que incluye la inversión estimada de RD$20 mil millones en el reasentamiento por la construcción de presa de cola en la provincia Sánchez Ramírez.
Santos, afirmó que son más de 600 familias que necesitan provisión y viviendas dignas, cifra que citó corresponde a un censo realizado en la zona.
“Esas casas en ese pueblo deben tener agua potable, saneamiento, electricidad, educación primaria y secundaria, instalaciones deportivas y canchas de béisbol”, indicó durante su intervención en el Show del Mediodía.
De igual manera dijo que el proyecto incluye una restauración del medio de vida y de los oficios a los que se dedican los comunitarios, en referencia a los trabajos de cultivo que realizaban.
“Si hay dudas pueden visitar”
Ante algunas declaraciones que han circulado sobre la veracidad del proyecto y el acuerdo firmado el miércoles, el ministro instó a quienes poseen alguna inquietud coordinar una visita.
“A las personas que tienen duda, les recomiendo que vayan y vean. Pueden solicitar las informaciones que necesiten y hacer evaluaciones para que de esta forma tengan una opinión técnica”, dijo.
En referencia a los daños ambientales que podría ocasionar la construcción, Santos sostuvo que en todas las iniciativas hay un protocolo que se debe agotar.
“El Ministerio de Medio Ambiente realiza una evaluación exhaustiva al momento de entregar las licencias y permisos, además hay requerimientos específicos que son bastantes estrictos con todo lo que tiene que ver con remediación luego de los procesos mineros”, dijo.
Reasentamiento
El ministro aclaró que el acuerdo trata sobre el reasentamiento de las familias en aquellas zonas donde iría la presa de cola.
Santos indicó que el proceso debe realizarse con estándares probados que particularmente se realizan bajo la Corporación Financiera Internacional que es parte del Banco Mundial.
En el consenso del miércoles, participó Joel Santos, ministro de Energía y Minas, el defensor del pueblo Pablo Ulloa y en representación de las comunidades el obispo de La Vega, Monseñor Tomás.
