EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La suspensión del oficial Miguel Varona ha desatado un escándalo tras denunciar un conjunto de irregularidades cometidas por empleados de la Junta Central Electoral de esta jurisdicción.
La Junta Central Electoral (JCE) separó de manera temporal al oficial recién nombrado, por haber denunciado una mafia que introducía datos al sistema digital, sin que fueran autorizados por funcionarios superiores.
El profesional agraviado en una comunicación que remitió al presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, detalla, que una empleada que utiliza el servidor 14, digitalizaba sin los soportes correspondientes, y que luego esas actas eran aprobadas por la asistente administrativa de esa Oficialía, con una clave de aprobación que ostenta de manera irregular.
También en la comunicación hace la observación, que “hay una serie de eventos que han sido digitalizados con la clave del señor Delvin Leonel Polanco, quien lleva más de seis meses fuera de la institución”.
A Castaños Guzmán, además le explica, que más del 80% de los casos se han digitalizados en horario anterior o posterior al de labores de las empleadas, o en hora de almuerzo.
El oficial Varona, en otra comunicación del mes de mayo pasado, le precisaba al presidente de la JCE, sobre 39 casos que habrían sido aprobados de forma irregular.
Castaños Guzmán asume medidas
Por lo por el oficial civil del organismo en Santiago de los Caballeros, el presidente de la JCE designó al director de inspectoría, Juan Bautista Rosario Tavares, para que investigara las irregularidades.
Tavares visitó el organismo santiaguero, dirigiéndose a la Oficialía Civil denunciada, se reunió con los empleados supuestamente culpables, alrededor de 10. Y tras las indagatorias, en una de sus conclusiones, sugirió la reposición de los involucrados en el alegado fraude.
Sobre las pesquisas, Henry Mejía, miembro de la JCE, dijjo que dos empleadas fueron suspendidas sin disfrute de sueldo, y que el caso está a la espera de que lo conozca el Pleno del organismo, para determinar si procede su cancelación.
Afirmó, que la investigación a cargo del director del Departamento de Inspectoría, Juan Bautista Tavárez, comprobó que hubo irregularidades.
