RESUMEN
Hay lugares donde la negligencia del Estado se vuelve visible. Y uno de ellos, hoy, es el Hospital Regional Universitario Jaime Mota de Barahona. Un hospital que debería ser el principal bastión de salud de toda la Región Enriquillo, pero que en la práctica se ha convertido en un símbolo doloroso de abandono, improvisación y desprecio institucional.
Lo ocurrido recientemente en la Unidad de Cuidados Intensivos no es un simple incidente aislado. Un conato de incendio provocado por fallas eléctricas obligó a evacuar pacientes en plena madrugada. Hubo humo en el área crítica del hospital y los enfermos tuvieron que ser trasladados de emergencia para evitar una tragedia mayor. La propia dirección del centro admitió que el sistema eléctrico arrastraba fallas recurrentes desde hace tiempo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede funcionar un hospital regional con un sistema eléctrico que colapsa? ¿Cómo se supone que confíen los ciudadanos en un sistema de salud donde la UCI puede incendiarse en cualquier momento?
Pero el problema del Jaime Mota no comenzó con ese incendio. Lo que pasó en la UCI solo destapó una crisis que lleva años acumulándose.
Pacientes denuncian escasez recurrente de equipos médicos esenciales, falta intermitente de medicamentos, carencia de sábanas limpias, ausencia de camilleros y equipos fuera de servicio durante meses. En muchos casos tampoco hay camas suficientes para atender la cantidad de pacientes que llegan diariamente, obligando a familiares a esperar horas o a improvisar espacios en pasillos. En algunos casos, familiares han tenido que trasladar enfermos a otras provincias para realizar estudios básicos porque el hospital no cuenta con equipos funcionando.
En emergencias del Jaime Mota hay familiares que terminan comprando gasas, jeringuillas, medicamentos y hasta suero porque el hospital no lo tiene disponible en el momento que se necesita.
Eso significa algo muy simple: en Barahona, enfermarse puede convertirse en una condena.
Y no estamos hablando de un hospital rural cualquiera. El Jaime Mota es el principal centro de salud de toda la Región Enriquillo. Desde allí deberían atenderse miles de personas de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. Sin embargo, la realidad es que muchas veces ese hospital apenas logra sostener servicios básicos.
En Barahona todo el mundo conoce a alguien que ha tenido que salir corriendo para Azua o Santo Domingo porque el hospital no resolvió.
Incluso médicos han advertido que podrían paralizar el centro por la gravedad de la situación, lo que evidencia el nivel de tensión que se vive dentro del propio sistema de salud.
Pero quizás uno de los episodios más indignantes de esta crisis ocurrió cuando ciudadanos de Barahona tuvieron que hacer lo que le correspondía al Estado. Ante la falta de equipos funcionales y la inacción de las autoridades, se organizó una colecta ciudadana y a través de programas de radio para comprar un aire acondicionado destinado al Banco de Sangre del hospital.
La situación era tan crítica que el calor sofocante estaba poniendo en riesgo áreas sensibles del centro asistencial, incluyendo el propio Banco de Sangre, donde la climatización es esencial para la conservación de insumos médicos.
La iniciativa fue impulsada por ciudadanos preocupados y por el doctor Carlos Julio Féliz Vidal, quienes decidieron actuar ante una realidad que ya no podía seguir esperando respuestas oficiales. El hecho resulta todavía más preocupante si se toma en cuenta que el hospital fue remozado en 2020, pero hoy enfrenta un deterioro severo en sistemas fundamentales como la refrigeración y el sistema eléctrico.
La propia directora del centro, Graciela Lafontaine, reconoció públicamente que existen problemas de vieja data con la electricidad y los equipos, llegando incluso a agradecer la ayuda comunitaria ante la crisis.
Y ahí es donde surge una pregunta que incomoda: ¿desde cuándo mantener funcionando un hospital público depende de colectas ciudadanas?
Aquí es donde la responsabilidad política se vuelve inevitable.
Un hospital no llega a este punto por accidente.
Llega cuando el presupuesto no alcanza, cuando el mantenimiento se abandona y cuando las autoridades prefieren inaugurar obras nuevas antes que arreglar lo que ya está funcionando mal.
El gobierno habla de modernización del sistema de salud. Pero en Barahona la gente ve otra cosa: equipos que no llegan, medicamentos que faltan con frecuencia, camas insuficientes para la demanda y una infraestructura que se deteriora mientras los funcionarios repiten discursos desde oficinas con aire acondicionado.
Mientras tanto, los funcionarios se pasan la responsabilidad unos a otros dentro de la cadena institucional del sistema de salud. El hospital depende del Servicio Nacional de Salud, órgano rector de la red hospitalaria pública, mientras que el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad de supervisión y políticas sanitarias. Pero al final, en medio de ese juego de excusas, el que paga las consecuencias es el paciente pobre que llega a emergencias esperando salvar su vida.
Lo más grave de todo es que esta situación no es nueva. Durante años las denuncias se han repetido: largas esperas, escasez de insumos y un hospital que opera por debajo de lo que debería ser un centro regional.
En un hospital los problemas no se miden en estadísticas. Se miden en pacientes esperando.
Si faltan equipos, los estudios no se hacen.
Cuando faltan especialistas, el diagnóstico se retrasa.
Y cuando la electricidad falla en una UCI, cada segundo cuenta.
Un gobierno que realmente prioriza la vida de su gente no permite que el hospital más importante del sur del país funcione en condiciones de precariedad. No espera a que ocurra un incendio para reaccionar. No deja que médicos y pacientes se conviertan en denunciantes permanentes de un sistema que debería protegerlos.
Y hoy, lamentablemente, el Hospital Jaime Mota está demasiado ocupado luchando por sobrevivir sin ayuda estatal.
Por Luis Alberto Peláez
Dirigente político y comunicador