La promulgación de la Ley No. 74-25 representa una evolución del sistema de justicia penal en nuestra República Dominicana, y los auxiliares de la investigación penal tienen un gran reto ante el nuevo ordenamiento jurídico, que no es un simple texto, sino una carta de navegación que nos obliga a reajustar nuestro enfoque. Este cambio de paradigma se sustenta en tres pilares: la modernización de las figuras delictivas, el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado y la redefinición de los roles en el ecosistema de la persecución penal activa.
Esta novedad jurídica presenta un catálogo de nuevas líneas de acción ante la modernización de los delitos. El Código Penal de 1884 estaba totalmente obsoleto para la realidad delictiva actual, y la novedosa normativa corrige esas deficiencias al tipificar crímenes que antes no tenían un marco legal claro y tenían que ser tipificados a través de convenios internacionales, que también han quedado detrás de evolución criminal. La Policía Nacional tiene como una de sus misionalidades constitucionales, la ser el órgano rector para auxiliar al sistema de justicia en la persecución e investigación de los delitos, esto se traduce en la creación de nuevas jurisdicciones en la cartera de los servicios que presenta desde el año 1950 en materia de investigación criminal, científica, criminológica, forense y tecnológica.
En este sentido, establecer jurisdicciones o estructuras investigativas para desarrollar procesos eficaces a la hora de perseguir los nuevos tipos penales, como, por ejemplo, los de carácter tecnológicos. Con La inclusión de figuras como el ciberdelito, el acceso ilícito a sistemas informáticos, delitos generados con inteligencia artificial y la pornografía infantil en su modalidad digital, nos exige una transformación tecnológica importante. La responsabilidad por parte de los actores debe ir enfocada en las capacidades de inteligencia forense digital. Capacitar a los investigadores y técnicos será clave para que puedan entender el origen, manifestación y alcance de estos delitos. La cadena de custodia digital, la escena de un delito cibernético o lugar del hecho cibernético, requieren de protocolos para cumplir con el debido proceso.
En este contexto ya estamos viendo que, el “escenario del crimen” no es solo físico, sino también virtual, y nuestra capacidad para operar en él determinará la efectividad de las investigaciones del presente.
Citamos la normativa jurídica en materia de crimen organizado, donde se ataca directamente las estructuras delictivas al introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que nos permite ir más allá de los autores materiales y perseguir a las empresas que facilitan o se benefician de las actividades criminales. La colaboración con unidades de inteligencia financiera y agencias de control será esencial para crear una plataforma de intercambio con agencias de otros países. Estas líneas investigativas solo se usaban para los delitos de narcotráfico y corrupción administrativa, ahora se extienden al multicrimen.
El código introduce nuevas tipificaciones como el feminicidio, la violencia de género y la trata de personas, lo cual no solo endurece las penas, sino que también nos obliga a desarrollar una metodología de investigación con perspectiva de género. Es vital capacitar a los investigadores para ser proactivos en esta materia que demandara despliegue operativo desde la noticia criminis para proteger a las víctimas. Recolectar pruebas que respalden estos tipos de crímenes y colaborar estrechamente con el Ministerio Público para garantizar la protección de los testigos y denunciantes a través de órdenes de protección más robustas.
La importancia de la penalización de la obstrucción de la justicia y las denuncias falsan, son herramientas cruciales que nos permiten garantizar que los procesos judiciales se desarrollen sin interferencias indebidas y rompe con toda una cultura de denunciar más de los sustraído, como diariamente los vemos en los reportes de denuncias policiales. El sistema penal también aumento las penas, que van desde 40 hasta 60 años de privación en caso de concurso de infracciones graves. A la par, incorpora un enfoque preventivo y resocializador con medidas socio-judiciales, incluyendo programas de reeducación para la reinserción social y la creación de un registro de agresores sexuales. Esto permite enfocar nuestros recursos en la persecución de los crímenes de alto impacto, mientras se buscan soluciones para la reeducación de otros infractores.
En este recorrido, la investigación criminal presenta grandes desafíos y retos en la realidad jurídica actual. Desde la perspectiva de las agencias de ejecución de la ley, las conjeturas sobre el futuro inmediato se centran en la preparación y la adaptación, la entrada en vigor del nuevo código en 10 meses representa una cuenta regresiva para que los actores de la persecución e investigación se modernicen. En conclusión, la brecha entre la nueva ley y su aplicación es un desafío importante, para investigar delitos como el ciberbullying o la difusión de deepfakes, estos delitos demandan de una inversión significativa en tecnología de punta y capacitación de los investigadores. Si no se invierte en unidades de cibercrimen, laboratorios forenses digitales y entrenamiento especializado. Esto requiere un presupuesto y una planificación estratégica sin precedentes para equipar los laboratorios para los retos que plantea esta ley y el debido proceso.
Articulo escrito por: Lic. Ysaias J. Tamarez,
Fecha: 8/10/2025.