RESUMEN
Durante años, la infraestructura ha sido el gran tema pendiente del desarrollo en América Latina. Su ausencia se manifiesta en el día a día: tráfico congestionado, servicios irregulares, falta de acceso a bienes básicos.
Aunque se han hecho esfuerzos, las brechas siguen siendo profundas. En República Dominicana, el problema no es solo cuánto se invierte, sino cómo se planifica, se ejecuta y se mantiene lo construido.
Las alianzas público-privadas (APP) han ganado espacio como un modelo viable para sumar capacidades del sector privado a proyectos públicos. Pero deben ser diseñadas con precisión. Una APP no es una vía rápida para salir del paso; es una herramienta compleja que debe estructurarse con base en datos, análisis y una visión de largo plazo.
El primer dilema es quién asume el costo del proyecto. En algunos casos, es el Estado quien paga por la disponibilidad del servicio; en otros, el usuario contribuye mediante tarifas. Lo importante no es aplicar una fórmula universal, sino evaluar cada situación según su impacto social, su sostenibilidad financiera y la calidad del servicio que se desea ofrecer.
La diferencia entre tipos de APP también es clave. No es igual construir una carretera que operar un sistema de transporte público. Las APP de obra requieren altas inversiones iniciales, plazos largos y conllevan riesgos en la etapa de construcción.
Las APP de servicios, por el contrario, se concentran en la operación y en mantener estándares de calidad a lo largo del tiempo. Esta distinción exige enfoques diferentes tanto en la redacción de contratos como en los estudios de viabilidad y análisis de riesgos.
Antes de adjudicar cualquier proyecto, es esencial hacerse una pregunta: ¿realmente vale la pena hacerlo como APP? La respuesta no debe venir de la intuición ni de la presión política, sino de una evaluación técnica. Existen herramientas sólidas —como el análisis de valor por dinero o la simulación financiera y fiscal— que permiten proyectar escenarios y tomar decisiones informadas.
Un contrato bien estructurado es solo el inicio. La gestión posterior del proyecto es igualmente crucial. Sin supervisión activa, cumplimiento de indicadores y capacidad de corregir desviaciones, incluso el mejor diseño puede fallar. Por eso, el rol del Estado no desaparece cuando entra un socio privado: al contrario, se vuelve más exigente.
Otro aspecto vital es la transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten los recursos públicos, bajo qué condiciones y con qué resultados esperados. Esta claridad fortalece la confianza en las instituciones y protege el proceso de interferencias indebidas o decisiones poco justificadas.
El marco legal dominicano ha avanzado con la Ley 47-20, pero todavía hay espacio para mejorar. Se requiere mayor claridad en los procedimientos, mejores capacidades técnicas en el sector público y una visión estratégica que integre las APP dentro de una política nacional de infraestructura.
Todos estos temas se tratan con profundidad en el Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos: un enfoque práctico para la República Dominicana, que será presentado el 9 de junio en la Universidad del Caribe.
Este manual servirá también como base para el Diplomado en APP que impartirá esta universidad a partir de septiembre.
Por: Carlos Sully Bonnelly Ginebra.