La inversión extranjera es una de las herramientas fundamentales con la que cuenta una nación para alcanzar el desarrollo, de manera particular, en países con recursos limitados para el emprendimiento en industrias, no sólo grandes, sino sofisticadas desde el punto de vista de la transferencia de tecnología y del know how.
La República Dominicana cuenta con diversas normativas de carácter nacional y ha firmado acuerdos supranacionales, que promueven la inversión extranjera, el flujo de capitales, el derribo de las barreras arancelarias, las empresas transnacionales o multinacionales que llegan al país; no obstante, estas empresas encuentran serias dificultades para establecerse en la zona fronteriza, por las precariedades y gran subdesarrollo.
Es por esto por lo que el Estado dominicano, en el interés de prestar atención a las necesidades de la zona, generar movimiento en su economía de base, así como, generar una transformación social, ha propiciado la creación de la Ley Núm. 28-01 sobre desarrollo fronterizo de fecha 01 de febrero de 2001, la cual fue actualizada por la Ley Núm. 12-21 de fecha 23 de febrero de 2021.
La finalidad de esta ley es promover la inversión en la ¨Zona Especial de Desarrollo Fronterizo¨, como forma de atraer fondos para la explotación de los recursos naturales de la zona y el aprovechamiento de la mano de obra, evitando así, la intensificación de la pobreza y las migraciones masivas.
Para ello, es preciso el establecimiento de modelos de industrias que generen bienestar, seguridad, salud, en fin, calidad de vida para los habitantes; y a la vez facilitar las inversiones en el área de modo que atraigan empresas que pongan en marcha proyectos sostenibles de desarrollo.
La Ley Núm. 28-01 y la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo
Durante mucho tiempo, la región fronteriza de la República Dominicana ha sido reconocida por su falta de servicios públicos, infraestructura deficiente y altos índices de pobreza. Como resultado, ha experimentado migraciones masivas que han agravado aún más la situación de pobreza, desolación y marginación en la zona. Esta situación ha perpetuado un ciclo negativo de subdesarrollo en la región.
El Banco Internacional de Desarrollo (BID) establece que para fomentar la inversión extranjera es necesario la disponibilidad de recursos o activos, los mercados de bienes y servicios, y la competitividad de los costos de producción. Podemos, a simple vista, notar cómo dos de estas tres condiciones básicas establecidas por el BID han sido ignoradas, pues no se ha hecho enfoque en la disponibilidad de recursos o activos ni la competitividad de los costos de producción. Para asegurar el cumplimiento de estos puntos dentro de los estándares de una amplia gama de industrias, es necesario una infraestructura de alta calidad y la presencia de personal capacitado tanto en tecnologías cómo técnicas.
A causa de la falta de inversión y desarrollo económico de esa región se ha limitado considerablemente la explotación de los recursos de las provincias que conforman la línea fronteriza. Esto ha causado una despoblación creciente, además del abandono de los recursos del área, y la intensificación de la pobreza y la desolación de la zona en cuestión.
Con la finalidad de promover la inversión en la zona, se promulgó en el año 2001, la Ley Núm. 28-01. Esta Ley creó la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
La Ley Núm. 28-01 le otorgaba a las empresas e inversionistas que deseen operar en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo una exención de un 100% del pago de impuestos internos, de aranceles sobre materias primas, equipos y maquinarias, así́ como cualquier tipo de impuesto, y también exenciones en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos, durante un período de veinte (20) años.
En vista de que los incentivos otorgados en la Ley Núm. 28-01 tenían una vigencia hasta el año 2021, el 22 de febrero de 2021 se promulgó la Ley Núm. 12-21 que sustituye a la Ley Núm. 28-01, y renueva la vigencia de los incentivos de inversión por un período de 30 años. La Ley Núm. 12-21 ofrece una serie de incentivos fiscales que incluyen la exoneración del pago de impuestos como el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, el ITBIS y el Impuesto de Transferencia Inmobiliaria.
También se otorgan beneficios en la importación de maquinarias, equipos e insumos necesarios para la instalación y operación de empresas. Asimismo, se exime de retener impuestos por servicios de innovación tecnológica durante la construcción y puesta en operación de proyectos. Además, se exoneran los impuestos, tasas y derechos relacionados con el aumento de capital y la transferencia de partes sociales en las sociedades comerciales amparadas por la ley.
En el informe “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2023”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se establece que, a pesar de haber logrado crecimiento en la inversión extranjera, el principal enfoque de la región debe ser la retención de estos fondos dentro de la economía de cada una de las naciones y de la región y el uso efectivo de estos para impulsar el desarrollo individual y conjunto de la región.
José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, destaca qué es necesario la atención, actualización e implementación de políticas de desarrollo productivo post-establecimiento, las cuáles se enfocan en crear industrias de mayor productividad y cercanas a la frontera global a través del fomento de cadenas de producción, políticas de agregación de valor, educación, desarrollo de mano de obra capaz, infraestructura social, infraestructura de logística y por último, manejo nacional eficiente. Estas políticas elevarían el valor y retorno de la inversión extranjera, creando un efecto de bola de nieve sobre la misma, y evolucionando el círculo virtuoso de la inversión, manteniéndola en la nación para así aprovecharla en el desarrollo de esta.
Es importante resaltar el ejemplo de Brasil cuando hablamos de inversión extranjera. El informe de la CEPAL anteriormente mencionado establece que Brasil lidera en América Latina y el Caribe en el ámbito de la obtención y retención de inversión extranjera directa, con un 41% del total de la inversión extranjera en la región, y figurando como el 5to país con mayor inversión extranjera directa a nivel mundial. En los últimos años, Brasil ha realizado esfuerzos significativos para atraer más inversiones extranjeras directas.
El referido país ha impulsado y favorecido este campo mediante diversas medidas, entre las cuales se destacan las concesiones de infraestructura que han sido clave en el proceso. A través del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), uno de los bancos de desarrollo más grandes del mundo, se ha estimulado las inversiones extranjeras, brindando financiamiento y apoyo a proyectos que atraigan inversores de otros países. Además, el gobierno ha eliminado obstáculos para los inversores extranjeros, simplificando trámites y regulaciones legales del proceso. Estas acciones en conjunto buscan mejorar el entorno comercial y económico del país, aumentando la competitividad y atractivo para la inversión extranjera.
Crear desigualdad para generar equidad
Aunque la política de incentivos que ofrece la Ley Núm. 12-21 ayuda a captar inversionistas, es importante analizar que tanto beneficio puede traer una exención tan generosa como la que provee la República Dominicana para los inversionistas de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
El ámbito de las inversiones es muy inestable, dado que el margen de inversiones que recibe una nación puede fluctuar bastante y estar muy bien o muy mal. Esto lo podemos evidenciar viendo las estadísticas presentadas por el Banco Mundial sobre nuestro país. Estas demuestran como el margen de Inversión Extranjera Directa en el 2012 estaba en un punto alto, alcanzando un monto de USD$ 3,42 mil millones, y luego como en el 2013 bajó significativamente a un monto de USD$ 1,6 mil millones, volviendo a subir en el 2017, para volver a bajar en el 2020.
En vista de lo anterior, a los fines de poder sostener como país la política de incentivos fiscales otorgada, el gobierno debe asegurarse que los gastos tributarios no figuren una pérdida significante en comparación con las ganancias recibidas a causa del desarrollo de las actividades económicas de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
Otro punto importante es focalizar los incentivos a las industrias que realmente lo necesiten. Industrias como el turismo y el sector minero que son de constante crecimiento en nuestro país, deberían ser objeto de una reestructuración en cuanto a las exenciones, dado a que estas ya tienen la capacidad de crecer por sí mismas. Cuando hablamos de crear desigualdad para generar equidad, nos referimos a no ofrecer las mismas oportunidades a todos, pues se llega a la equidad ofreciéndole dichas oportunidades a quienes más las necesiten para alcanzar el nivel de desarrollo del que menos las necesita.
Aterrizando esto al tema de la inversión en los diversos rubros de la economía, podemos concluir en que, al otorgar las mismas facilidades a las zonas más desarrolladas, se perpetúa la brecha económica y social entre las regiones. Esto puede llevar a una mayor concentración de riqueza y oportunidades en áreas ya privilegiadas, mientras que las regiones menos desarrolladas quedan rezagadas, aumentando las desigualdades regionales y dificultando su crecimiento económico.
La Ley 158-01 o la ley de “CONFOTUR”, ha sido reformada 5 veces para aumentar el período de exención fiscal que esta ofrece a las empresas que deseen realizar proyectos inmobiliarios que fomenten la inversión en áreas turísticas del país. Esta buscaba que se explotaran las zonas con potencial turístico, pero con escaso avance estructural para desarrollarse en el área. Sin embargo, a 22 años desde la promulgación de la Ley, la mayor parte del turismo sigue concentrado en las mismas provincias del país: La Romana, La Altagracia, Puerto Plata, Samaná y San Pedro de Macorís.
Esto ha desencadenado en un descuido importante para el desarrollo territorialmente integral de nuestro país, por no focalizar los incentivos específicamente en aquellas zonas que necesitan desarrollo estructural para poder explotarse, dentro de la que se encuentra la ZEDF.
En conclusión, aunque existe una legislación promulgada con la finalidad de promover la inversión en la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo de la República Dominicana, esta no ha logrado experimentar el desarrollo económico esperado. Se necesita más que un incentivo fiscal para poder captar inversionistas interesados en explotar y desarrollar la región fronteriza; se necesitan condiciones estructurales, seguridad jurídica y ciudadana. Es preciso pensar en una integración social y cultural de esta región que permita alcanzar la integración comercial y económica.
Se requiere el establecimiento de programas y políticas públicas de desarrollo unificadas, que tomen en consideración las particularidades de esta Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, marginada, excluida de los avances científicos y tecnológicos. El Estado dominicano se encuentra frente al desafío de estimular aún más la inversión extranjera directa en la línea fronteriza, adoptando una nueva perspectiva de desarrollo.
El desarrollo integral de estas provincias se dificulta mientras no se piense en poner en marcha ciertas plataformas de desarrollo que propicien un mayor clima de seguridad, la apertura tecnológica, la creación de infraestructuras que faciliten el movimiento y circulación de personas, bienes y servicios, tales como la construcción de puertos marítimos, aeropuertos, escuelas en donde se invierta en la formación de los docentes, vías terrestres de comunicación, generación eléctrica, en fin, la creación de condiciones que permitan germinar la economía a partir de la inversión extranjera directa.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estableció que “el reto no solo es atraer y retener, sino maximizar la contribución de la Inversión Extranjera Directa al desarrollo, y para esto los países deben poner atención a las políticas de desarrollo productivo post-establecimiento, que incluyen el fomento a los encadenamientos productivos, políticas de agregación de valor y ascenso en las cadenas de valor, de desarrollo de recursos humanos, de infraestructura y logística y de construcción de capacidades locales”.
Es de extrema importancia que el Estado se enfoque en crear las condiciones de desarrollo básicas en la infraestructura geográfica y la formación humana de la zona fronteriza; con la finalidad de atraer inversionistas por las condiciones favorables de la zona, no como ha sido el caso actual, donde podemos interpretar que la única motivación de invertir en el área es la existencia del incentivo fiscal.
POR WALNESY BORQUEZ
walnesyborquez@hotmail.com