El autor es empresario Tecnológico
Por más de dos décadas, las transformaciones digitales han prometido un nuevo orden urbano. En países como la República Dominicana, la movilidad permanece atrapada entre tecnologías que avanzan más rápido que la regulación y una institucionalidad que aún no aprende a trabajar con la iniciativa privada como aliada y no como espectadora.
La conversación sobre la movilidad responsable —esa que no se reduce a flujos vehiculares, sino que integra aseguramiento, trazabilidad, prevención y equidad— ha estado ausente de las prioridades nacionales. A pesar de avances fragmentados, el resultado sigue siendo el mismo: sistemas desconectados, baja cobertura de seguros obligatorios, informalidad estructural, y una ciudadanía que, entre el caos y la costumbre, sobrevive al tránsito como si fuera una batalla diaria.
Ya en 2015 advertíamos que la innovación antecede a la regulación. Las plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi optaron por “pedir perdón y no permiso”, catalizando el marco jurídico sin tener que esperar a que el Estado comprendiera del todo el proceso de transformación, pero tampoco encontrando una respuesta clara que acompañara su irrupción.
En ese contexto, las alianzas público-privadas (APP) se han invocado con entusiasmo, pero aplicadas con timidez. La experiencia internacional muestra que cuando el Estado permite que lo privado co-construya, se acelera la transformación. Estonia lo demostró con su sistema de identidad digital interoperable, donde bancos y empresas son parte activa de la arquitectura estatal. Aquí, en cambio, las APP suelen convertirse en fórmulas cerradas, gestionadas entre los mismos actores de siempre, con beneficios concentrados y resultados limitados.
No es un problema de capacidad técnica. La digitalización del sector asegurador, por ejemplo, ha sido eficiente gracias a procesos bien definidos y a su capacidad de adaptación frente a nuevos modelos. El problema radica en la falta de una gobernanza compartida, donde la tecnología no solo se implemente, sino que se integre bajo principios de trazabilidad, equidad y responsabilidad social.
Un mercado con señales de madurez
El seguro vehicular —una herramienta de protección financiera y estabilidad en caso de accidentes, robos o daños a terceros— se ha consolidado como un componente indispensable del ecosistema de movilidad. Cuando un conductor paga su prima, no solo protege su patrimonio: también contribuye a una cultura de prevención que mitiga el impacto económico de los eventos inesperados.
En República Dominicana, este mercado está experimentando una evolución notable. Según datos de Tabuga Intelligence, el sector de seguros para vehículos de motor alcanzará un volumen de primas suscritas estimado en US$1.83 mil millones en 2025, con un gasto promedio per cápita de US$158.60. Se proyecta un crecimiento sostenido de 1.22% (CAGR 2025–2029), superando los US$1.92 mil millones para 2029.
Este dinamismo responde a múltiples factores estructurales: el aumento sostenido del parque vehicular, la mejora en los niveles de ingreso, la urbanización acelerada y una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de estar asegurado. A esto se suman condiciones locales particulares como la alta tasa de robos de vehículos, el número creciente de accidentes de tránsito y una infraestructura vial en tensión, lo que ha impulsado la demanda de coberturas más completas y adaptadas al riesgo real.
El comportamiento del consumidor también está cambiando. Cada vez más dominicanos optan por pólizas personalizadas y adquieren seguros a través de plataformas digitales que simplifican el proceso, ofrecen precios competitivos y mejoran la experiencia de servicio. Esta evolución hacia lo digital también permite a las aseguradoras integrar tecnologías como análisis de datos, historial de siniestralidad y evaluación de riesgo en tiempo real, transformando la relación entre el cliente y su póliza.
Interoperabilidad: del dato disperso al sistema conectado
Este crecimiento, sin embargo, exige más que eficiencia operativa: requiere integración estructural. En un contexto de fragmentación institucional, emerge una arquitectura normativa que puede redefinir el ecosistema asegurador y de movilidad. La convergencia entre la Ley 247-12, el Decreto 92-22 y la actualización NORTIC A4:2024 sienta las bases para una interoperabilidad robusta entre actores públicos y privados.
La Plataforma Única de Interoperabilidad, basada en tecnologías API y X-Road, permitirá el intercambio automatizado de datos entre aseguradoras, DIGESETT, DGTT y la Superintendencia de Seguros, implementando el principio de “una sola vez” para los ciudadanos. Esta integración no solo reduce trámites, sino que activa nuevas capacidades: validación de licencias, consulta de registros vehiculares, cruce de datos de siniestralidad y coordinación con autoridades para respuestas preventivas.
Cualquier solución digital, sea pública o mixta, debe asegurar su integración con el ecosistema de datos estatal para evitar fragmentación y fortalecer la confianza ciudadana. De lo contrario, se corre el riesgo de multiplicar silos digitales que debilitan la visión sistémica.
Esto genera una tensión estructural entre dos lógicas institucionales: la centralización interoperable del Estado y la fragmentación de proyectos APP con componentes tecnológicos. Gestionar esta tensión bajo principios de eficiencia, equidad y sostenibilidad es uno de los retos clave para asegurar una transición funcional hacia un sistema integrado.
La Resolución No. 073-2025 del MAP refuerza esta transformación mediante comités interinstitucionales que definirán dominios específicos de interoperabilidad. Con ello, la trazabilidad, la prevención y la respuesta coordinada dejan de ser aspiraciones y pasan a ser capacidades operativas verificables.
De la protección a la responsabilidad compartida
Hoy, hablar de aseguramiento vehicular no puede limitarse a exigir un papel. Se trata de construir un sistema de protección financiera activo, predictivo y conectado, que ampare a los ciudadanos y a la economía ante riesgos viales cada vez más complejos. Este sistema requiere interoperabilidad real, decisión política y, sobre todo, una nueva lógica de responsabilidad compartida.
Sin articulación entre quienes diseñan las leyes, quienes fiscalizan, quienes aseguran y quienes educan, la movilidad seguirá siendo una red de esfuerzos inconexos. Es urgente establecer un marco común que no funcione por silos, sino por colaboración estructurada, con el ciudadano como eje.
La educación vial no puede seguir relegada. La fiscalización debe ser proactiva, apoyada en tecnología. La regulación debe evolucionar con el mercado. Y el seguro debe pasar de ser una obligación legal para convertirse en un instrumento de bienestar colectivo.
Ya no basta con el diagnóstico. La experiencia está disponible. Las herramientas también. Lo que falta es un compromiso compartido que transforme las ideas en acción, sin excusas ni postergaciones.
Porque la movilidad asegurada no es un lujo del futuro. Es una urgencia del presente.