El uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial y administrativo está transformando la manera en que los abogados, jueces y otros funcionarios toman decisiones; en la actualidad, muchos profesionales del derecho están utilizando herramientas de IA para analizar sentencias judiciales y así identificar patrones únicos en las decisiones de los jueces, esto les permite anticipar la línea de fallo en determinados casos, facilitando estrategias jurídicas más informadas y efectivas.
La inteligencia artificial sigue demostrando ser una aliada en la agilización de procesos y la optimización del tiempo en el análisis de información jurídica; los sistemas de IA pueden procesar grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos, algo que para un ser humano llevaría semanas o incluso meses, esta capacidad ha permitido que los abogados tengan acceso a precedentes judiciales con mayor rapidez y precisión, lo que contribuye a una mejor preparación de sus argumentos legales.
Sin embargo, a pesar de sus beneficios, el uso de la IA en el ámbito judicial plantea preocupaciones importantes en relación con el debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos; la administración de justicia no puede depender exclusivamente de una herramienta tecnológica sin la intervención humana, la decisión sobre la vida, la libertad y los derechos de una persona no puede ser delegada en un algoritmo, por más avanzado que sea.
El debido proceso es un principio fundamental que garantiza que todas las personas sean tratadas con justicia y equidad dentro de un procedimiento judicial o administrativo; en la República Dominicana, este principio tiene una doble dimensión: es un derecho y una garantía que debe respetarse en todas las actuaciones del Estado, esta garantía es clave para asegurar que las decisiones sean adoptadas de manera justa, transparente y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En este contexto, la Corte Constitucional de Colombia ha abordado el tema en la sentencia T-323-2024, donde advierte sobre los riesgos de depender de herramientas basadas en inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales; en su considerando 75, la Corte define el debido proceso como «el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia».
En la misma línea, en el considerando cuarto de la sentencia, la Corte hace una exhortación a los jueces para que evalúen con cuidado el uso de herramientas como ChatGPT y otras basadas en IA, se les insta a aplicar criterios éticos y de respeto a los derechos fundamentales cuando utilicen estas tecnologías, garantizando siempre la independencia y autonomía judiciales; esto es un llamado a no perder de vista que la administración de justicia no puede verse reducida a cálculos algorítmicos, ya que la interpretación de las normas y la aplicación del derecho requieren un análisis humano profundo y contextual.
Otro aspecto que debe considerarse es la transparencia en el uso de la inteligencia artificial dentro del sistema de justicia; los algoritmos que analizan jurisprudencia y antecedentes judiciales deben ser auditables y comprensibles, evitando así decisiones automatizadas sin justificación clara, asimismo, la protección de datos y la privacidad de la información procesada por estas herramientas es un punto que no puede pasarse por alto, ya que cualquier filtración o mal uso de datos personales podría derivar en violaciones a los derechos de los ciudadanos.
Por otro lado, el riesgo de sesgos en la inteligencia artificial es una realidad que no puede ignorarse, si los datos con los que se entrenan estos sistemas reflejan patrones de discriminación o decisiones judiciales erradas, los resultados que generen podrían perpetuar injusticias en lugar de corregirlas, de ahí la importancia de que el uso de estas herramientas sea supervisado y regulado de manera efectiva.
En definitiva, la inteligencia artificial representa una oportunidad para mejorar la eficiencia en el ámbito judicial y administrativo, pero su implementación debe realizarse con responsabilidad; la tecnología no puede sustituir la labor humana en la toma de decisiones judiciales, y su uso debe garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales, mientras los avances tecnológicos sigan evolucionando, el sistema de justicia debe adaptarse con cautela, asegurando que las herramientas utilizadas contribuyan a la equidad y la transparencia, sin comprometer los principios que rigen el Estado de Derecho.