“El carácter de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus niños”
— Nelson Mandela
La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que salió a una excursión escolar organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci y terminó ahogada en la piscina de la Hacienda Los Caballos, ha revelado una de las fallas más graves del sistema educativo y de protección infantil en la República Dominicana. No se trata solo de una tragedia: se trata de una niña que perdió la vida en una actividad prohibida, bajo la responsabilidad directa de los adultos que debieron cuidarla. Y lo más indignante es que, dos semanas después, el país sigue sin una versión oficial clara de lo ocurrido, mientras el dolor de su madre crece con cada día de silencio institucional.
El colegio, lejos de brindar explicaciones, publicó un comunicado vacío, limitado a expresar “condolencias” sin ofrecer un solo detalle, sin asumir responsabilidades, sin aclarar por qué se organizó una actividad violatoria de la normativa educativa y sin explicar por qué la supervisión falló de forma tan fatal. Un gesto corporativo que, en lugar de traer luz, añade indignación. Porque cuando una institución educativa se limita a un pésame y evade la verdad, envía un mensaje peligroso: que la vida de un estudiante puede perderse y quedar envuelta en formalidades frías, sin compromiso con la transparencia.
Mientras tanto, la familia continúa en completa incertidumbre. No ha recibido el informe preliminar del INACIF, no ha tenido acceso a los videos del lugar y el Ministerio Público tardó días en aceptar la denuncia formal. Solo recientemente, ante la presión ciudadana, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ordenó reforzar la investigación a través de la unidad especializada de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, este caso revela algo más profundo: organizaciones que acompañan a la familia han confirmado que Stephora era víctima de acoso escolar, denunciado por su madre sin obtener respuestas. El colegio tampoco habló de eso en su comunicado. Ni una palabra. Ni un reconocimiento. Ni una muestra de responsabilidad ética.
Por todo esto, la muerte de Stephora no puede archivarse bajo el manto de la burocracia. Este caso es un llamado urgente al Estado, al Ministerio de Educación, al Ministerio Público y a todas las instituciones responsables de proteger la niñez. El país necesita una investigación transparente, exhaustiva y sin privilegios, sanciones claras a todos los involucrados, y un rediseño real de los protocolos de seguridad escolar. Ninguna condolencia reemplaza la verdad. Ningún comunicado sin contenido puede ser suficiente. Stephora merece justicia, su madre merece respuestas, y la República Dominicana debe mirarse en el espejo sin encubrir lo evidente: fallamos, y ahora nos toca reparar. Y ya estamos hasta en los medios internacionales por este caso.
“La infancia es el tesoro más preciado de un pueblo.”
— Gabriela Mistral
Autora:
América Pérez
Lic. en Comunicación Social (Mención Periodismo)
Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional