EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez enfrentarán tres meses de prisión preventiva, tras ser imputados como miembros de una red de secuestro y lavado de activos.
La medida de coerción fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, a solicitud del Ministerio Público.
Vásquez Severino y Rivera Martínez están acusados de actuar como testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino. Junto a otros integrantes de la red, estos últimos habrían secuestrado a un hombre de 47 años en el distrito municipal La Otra Banda, en Higüey, exigiendo un rescate de 20 millones de pesos.
El arresto de ambos imputados se produjo durante un allanamiento conjunto realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de La Altagracia, la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional.
La jueza Francis Reyes Dilone determinó que Vásquez Severino cumpla la prisión preventiva en la cárcel de mujeres de La Altagracia, mientras que Rivera Martínez lo hará en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya.
Los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado, y Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, sustentaron la solicitud de la medida de coerción con las pruebas recabadas durante la investigación.
Según las indagatorias, los imputados habrían utilizado el dinero del rescate para adquirir dos vehículos de alta gama en Santo Domingo Este. Uno de estos vehículos estaba en posesión de uno de los imputados al momento de su arresto, ocurrido en mayo.
La víctima del secuestro sufrió tratos crueles, inhumanos y degradantes durante cuatro días, incluyendo golpes, heridas y privación de libertad, lo que le causó fuertes traumas emocionales. Los secuestradores obligaron a la familia a entregar más de seis millones de pesos y a realizar traspasos de vehículos a nombre de personas vinculadas a los imputados, con el objetivo de ocultar su participación.
Ramona Nova, titular de Antilavado del Ministerio Público, y Claudia Garrido, de la Fiscalía de La Altagracia, afirmaron que la decisión judicial se ajusta a derecho y expresaron su confianza en que el sistema de justicia castigará a los responsables de manera ejemplar.
