EL NUEVO DIARIO, PERAVIA. – La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Peravia, Loida Amador, impuso este lunes medidas de coerción contra varios miembros de una red que se dedicaba a proveer de documentos a haitianos de forma irregular, desde la Oficialía del municipio Nizao.
De acuerdo con un comunicado, la magistrada dispuso la declaratoria de caso complejo e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar; garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez.
Agrega que, Rosario Aybar cumplirá la prisión preventiva en la cárcel pública de Baní.
Asimismo, señala que, los imputados fueron apresados luego de que las autoridades realizaran varios allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní.
Destaca que, la estructura criminal estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, quienes supuestamente actuaron bajo la dirección de la oficial del Estado Civil María Del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga de la justicia, al igual que la imputada Dominga Valdez, pesando contra ambas órdenes de arrestos.
Indica que la referida red se dedicaba a suplantar identidades de nacionales dominicanos, falsificar documentos públicos y realizar declaraciones de nacimiento fraudulentas para beneficiar a haitianos.
Se informó que el proceso cuenta con la colaboración de la Junta Central Electoral (JCE).
La investigación la realiza la Fiscalía de Peravia, adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la entidad, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), además de su Departamento de Falsificaciones, con el apoyo de la Dirección Jurídica, de Cedulación, de Inspectoría y la de Informática.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos.
También figuran los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, así como el 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula No. 8-92, artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
