RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de 500 mil pesos e impedimento de salida del país y presentación periódica, como medidas de coerción, a los acusados del supuesto desfalco en el Ministerio de Agricultura.
El Tribunal presidido por la jueza, Lissa Veras, dictó la medida de coerción a Julio Enrique Domínguez Solano (Julito y/o El Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo.
Al concluir la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público (MP), manifestó que los encartados admitieron los hechos.
Camacho consideró que para el MP la corrupción es penada por la ley, sin importar que se robe un peso del erario público o millones de dólares.
Con relación a lo impuesto por la magistrada, dijo que respeta la decisión contra los acusados.
Aseguró que el compromiso del Ministerio Público es seguir persiguiendo la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones e independientemente de si se trata de montos pequeños, medianos o grandes.
Afirmó que están comprometidos en garantizar que no haya impunidad, y para que no se lleve el mensaje de que el que roba poco no le va a pasar nada.
Se recuerda, que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) sometió a la justicia a Solano y a Paredes Elizondo por estafa de casi cuatro millones de pesos, luego que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentó una denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura.
El órgano persecutor presentó acusación contra los imputados de; coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores sancionados en el Código Penal.
En ese sentido, Antonio José Paredes Elizondo está acusado de violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Uno de los imputados, Julio Enrique Domínguez Solano, alias Julito, es hijo del viceministro Administrativo y Financiero del referido ministerio, Julio Enrique Domínguez Fernández, y se le imputa, de, sin ser empleado pernotar y usurpar las funciones de su padre, accediendo a la cuenta principal Netbankin Banreservas, usuario correspondiente a su progenitor.
