Hombre que fingió ser fiscal en tienda china pone en riesgo credibilidad del MP, advierte Fiscaldom

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El pronunciamiento de Francisco Rodríguez, Coordinador Ejecutivo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), es contundente y pone en evidencia una situación delicada que afecta directamente la credibilidad del Ministerio Público y el sistema de justicia. La intervención de una persona no identificada como fiscal durante el operativo migratorio en la tienda china Mudan representa una posible usurpación de funciones públicas, un delito que puede acarrear sanciones tanto penales como civiles.

Rodríguez fue claro al explicar que los fiscales deben portar identificaciones oficiales: un carnet, un pin distintivo y, en el caso de colaboradores, elementos específicos que validan su rol institucional. Su llamado a la ciudadanía a exigir identificación a cualquier persona que se presente como fiscal es pertinente y necesario, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones es clave para la gobernabilidad.

El caso ocurrido en la tienda Mudan el pasado miércoles, donde se originó un enfrentamiento durante un operativo de la Dirección General de Migración para detener a ciudadanos haitianos en condición irregular, se agravó por la presencia de este supuesto fiscal. El incidente, captado en videos que circularon en redes sociales, muestra tensiones crecientes entre comerciantes y autoridades, y plantea interrogantes sobre la coordinación y la legitimidad de algunos procedimientos oficiales.

Rodríguez también puso en manos de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración la responsabilidad de ofrecer explicaciones y actuar conforme a derecho. Si se confirma que el individuo actuó sin autorización, podría enfrentarse a consecuencias legales por usurpación de funciones, lo cual debe tratarse con firmeza para evitar precedentes peligrosos y proteger la integridad institucional.

Este incidente subraya la importancia de procedimientos transparentes, personal debidamente identificado y una actuación estatal que respete tanto la ley como los derechos humanos, especialmente en contextos migratorios donde las tensiones pueden escalar rápidamente.