EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Hogar CREA Internacional Inc. República Dominicana denunció este domingo violación de derechos por el Ministerio Público: Procuraduría General de la República (PGR) hacia las ONGs del área Atención a Usuarios de Drogas, concerniente a beneficios paliativos, e irretroactividad de la ley.
Por medio de una nota de prensa enviada por Hogar Crea Inc., a El Nuevo Diario, sus autoridades expresaron que, “las entidades y personas que trabajamos el tema atención, y prevención de sustancias psicoactivas o drogas, constantemente, nos encontramos pasando por limitaciones innecesarias”.
“Simplemente nos hemos dedicado a trabajar un mal social que afecta a todos sin excepción. En nuestro caso particular lo hacemos, totalmente, gratis a todo el que lo solicita, no se habla de dinero en ningún sentido directo o indirecto, por eso reclamamos al Estado, no solo al gobierno de turno”, aclaró Hogar Crea Inc.
En agosto de 2023, la procuradora general convocó a las entidades gubernamentales y las ONGs beneficiadas del decomiso de bienes de las infracciones por drogas a la Escuela Nacional del Ministerio Público e hizo formal entrega de fondos a todos. En esta hizo mención de la existencia de otros fondos para ser entregados, igualmente, en fecha no determinada.
“Vemos como, recientemente, el Ministerio Público mediante de su titular cumple con uno de los mandatos de la recién promulgada Ley 60-23 en su artículo 97 sobre traspaso de bienes al INCABIDE, instituto creado y plasmado en esta ley, la cual tiene por objeto según su Artículo 1, establecer un sistema de administración, control y mantenimiento de los bienes incautados, secuestrados o abandonados en el curso de procesos penales o de extinción de dominio respetando siempre el debido proceso.
Hogar Crea Inc., agregó que, “como el destino final en el caso que se disponga su decomiso o se declárela extinción de dominio mediante sentencia definitiva”. Artículo 101 establece que: esta ley deroga, sustituye, modifica y prevalece ante cualquier disposición legal que le sea contraria”.
Explicó que es bien sabido que existen procesos con sentencias, irrevocablemente, juzgadas bajo la legislación de la Ley 155-17 en todos sus mandatos, “desconocemos si una jurista del perfil de la reconocida magistrada procuradora, Miriam Germán Brito, cuidando su accionar y legado en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, hizo alguna reseña de lugar “voto salvado” con relación a la cosa juzgada para transferir ciertos bienes”.
Se refirió a La Ley Núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo de junio del 2017, aún vigente en cuanto a las acciones, medidas y sanciones, no así en cuanto al destino y manejo de los fondos en cuestión.
Esta legislación, derogó la anterior Ley Núm. 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, de junio de 2002 “con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17, y 33” cual fue modificado en la Ley Núm. 196-11 de agosto de 2011, estableciendo que permanecerán vigentes hasta tanto se dicte la Ley sobre Administración y Disposición de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados previstos en el Artículo 51 numeral 6, de la Constitución.
La entidad sostuvo que, la Ley Núm. 196-11 modificó, únicamente, el Art. 33 de la Ley Núm. 72-02 cual distribuía en tres (3) partes lo procedente por infracciones mayores por drogas: 15% ONGs, 50% DNCD y 35% Consejo Nacional de Drogas, llevando la modificación por la acción exclusiva a: 15% ONGs, 25% al Ministerio Público (PGR), 25% DNCD, 25% CND y 10% PN.
Es decir, en la gestión del exprocurador, Radhamés Jiménez Peña; se incluyó al Ministerio Público (PGR) en cuanto a lo procedente a ilícito por drogas, “en lo concerniente a todas las demás infracciones mayores que incluya lavado de activos NO producto de drogas, igual se modificó de El 50% para las instituciones mencionadas en la misma proporción. ONGs – DNCD – CND y el 50% restante se destinará al Fondo General de la Nación, modificado A: 50% al Ministerio Público y 50% a la Policía Nacional”.
“Si nos remontamos al año 1988, cuando se promulgó la hoy obsoleta Ley Núm. 50-88 que rige la materia drogas en nuestro país, esta, además, de su carácter sancionador desproporcional, contempla de inicio cómo y cuáles serían los “beneficios paliativos” para las entidades que trabajan el tema Atención, Internamiento y Prevención de drogas”, aclaró HC.
Añadió que, el Artículo 76 de la Ley Núm. 50-88 contempla que el dinero proveniente de las multas por violación a la ley será destinado a financiar actividades de instituciones públicas y privadas de prevención, rehabilitación y educación, “asumimos que, para la fecha de la última modificación ya existían decenas de miles de multas impuestas sin destino real/legal”.
La institución sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación, extendió que, la espiral de derogaciones y constantes modificaciones de las normas que rigen la materia en el aspecto de los bienes, el Gobierno si puede decidir sobre los organismos del Estado que han sido beneficiados por estas, más no así sobre las ONGs. Los titulares de esos organismos no pueden decir esto, pero nosotros sí, y lo exigimos.
“Debemos y reconocemos que hemos sido distinguidos por el presidente Luis Abinader al recibirnos en comisión de ONGs tres veces en sus mandatos, donde ha mostrado mucha sencillez, cortesía e interés en accionar con nuestro sector”, valoró HC.
Asimismo, admitió que, “entendemos que al haberse hecho el traspaso de los bienes a los cuales hacemos referencias con detalles legales, por igual, sea tomado en consideración nuestro planteamiento y se delegue a redireccionar, administrativamente, lo que señalamos. Hay un “perjuicio directo” a partes interesadas y con calidad legal al aplicar “acción retroactiva con la nueva norma”.
Finalizó Hogar Crea Inc., en su denuncia que, “esperamos que no sea necesario accionar, legalmente, a través de un Recurso de Amparo por testarudez y actitudes prepotentes de los incumbentes directos para no sufrir más desgastes que el propio que tenemos por nuestra labor incesante rutinaria diaria”.
