RESUMEN
Consciente de que la corrupción administrativa es un lacerante obstáculo para el desarrollo económico y social, generador de pobreza y de cáncer moral de los pueblos, Luis Abinader hizo del tema del control de los recursos gubernamentales un tema central de su campaña para ascender a la dirección del país.
Llegó con el compromiso de que la corrupción “no se detuviera a las puertas de su despacho”, como dijo en sonora ocasión el presidente Joaquín Balaguer, ni mirar para otro lado mientras familiares, allegados y socios políticos se enriquecían vertiginosamente con el dinero que tanto faltaba para mejorar la calidad de vida de todo el pueblo.
Por eso se comprometió a que en su gobierno todas las instituciones que administran fondos públicos serían sometidas a doble control de auditorías: internas, a cargo de la Contraloría General de la República, y externas realizadas por la Cámara de Cuentas.
Garantizar la independencia de la Cámara de Cuentas y su rol contralor de las finanzas fue parte de su compromiso de fortalecimiento institucional, consistente en la separación de los poderes públicos como el Judicial, el Congreso Nacional, y como ha ocurrido con la Junta y el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, Defensor del Pueblo, todo en un marco de estricta libertad de información y prensa, como debe discurrir en una sociedad democrática moderna.
Lamentablemente en el caso de la Cámara de Cuentas intervinieron vicios del sistema político, de los principales partidos todos, que no ponderaron la importancia de la integridad profesional de la última directiva, deviniendo en una escandalosa situación de sus miembros que terminó en su sustitución completa.
Al final de un largo proceso salpicado por discusiones y escarceos entintados por los intereses políticos partidarios, tenemos ya una nueva directiva de la Cámara de Cuentas elegida conforme el debido proceso e integrada por funcionarios profesionales e íntegros.
Ellos saben, que la auditoría social, la que hacen el pueblo y la historia, los estarán observando con atención y que con ellos deben quedar atrás los tiempos en que se les elegía para apañar el robo del patrimonio público y hacerse cómplices de funcionarios corruptos.
En lo que compete al gobierno, están fuera de la gestión pública los funcionarios señalados por el rumor público, que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental envía al ministerio Público las irregularidades que puede comprobar y que ahora se respetan las leyes de Compra y Contrataciones Públicas y de Función Pública, que antes fueron las principales herramientas de corrupción administrativa.
Eso no quiere decir que no pudiera haber quien quiera meter la mano, pero si lo pescan…
Por: Nelson Marte.