RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que lo había prometido a la sociedad, el periodista Guillermo Gómez no abordó el tema sobre expediente Camaleón, en que el su hijo Jochy Gómez Canaán es acusado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando.
“Soy un papá responsable, pero que escucha a su esposa Asunción y a mis hijos que hoy me han pedido que este tema lo posponga y lo deje para otro momento. Yo soy un papá responsable, que escucha a su familia y eso haré”, manifestó durante su programa Aeromundo, para luego abordar otros temas de interés nacional.
Guillermo había anunciado la semana pasada que iba a dar los detalles sobre el arresto de su descendiente, ya que, según alegó en ese momento, nadie podría silenciarlo.
«De todas maneras, pueblo dominicano, a mí no me engaña nadie, ni me va a callar nadie, y los que me conocen saben que yo sí voy a revelar detalle por detalle que tenga que ver con esta detención y este abuso. Pero, no importa. Si mi hijo Jochy ha violado una ley, ha violado algo, tiene que responder como dice él ante la justicia y defenderse. Quiero agregar lo siguiente: pueblo dominicano, tienen que darse cuenta de que aquí hay unos celos en una comunidad de inteligencia”, expresó el pasado jueves durante una entrevista telefónica para el programa «Hoy Mismo», sin embargo, hoy no cumplió su promesa.
Sobre el caso
Los jueces de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazaron para el próximo martes a las 2:00 P.M. la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los siete detenidos de la operación Camaleón.
Los imputados, donde está el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) Hugo Beras y el empresario Jochy Gómez, figuran en el expediente acusado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando.
Además, de comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología, y robo de identidad, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», afirmó la información.
