EL NUEVO DIARIO, MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua aseguró este lunes que las sanciones que Estados Unidos impuso a al menos siete funcionarios allegados al presidente del país, Daniel Ortega, incluido a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, «no son de interés nacional o personal, de ninguno».
«Ninguno de los nicaragüenses incluidos en estas medidas arbitrarias e ilegales, posee cuentas, propiedades o negocios en los Estados Unidos, y por lo tanto, estas sanciones, aunque totalmente injustas, no son de interés nacional, o personal, de ninguno», señaló el Ejecutivo a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hace tres semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario y de Murillo.
El asesor presidencial estadounidense, John Bolton, dijo entonces que irían «por los bolsillos de la familia de Ortega».
Desde que estalló la actual crisis que vive el país, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a Murillo, a uno de sus hijos, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario, así como al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, y otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.
El Gobierno explicó que en la mesa de negociación que mantiene con la opositora Alianza Cívica, con la que esperan superar la crisis que estalló hace un año, han propuesto hacer un llamado «a la suspensión y cese de las medidas unilaterales e ilegales, conocidas como sanciones, que afectan a todos los sectores del pueblo nicaragüense».
«Nos referimos a la Nica Act y a las amenazas y medidas coercitivas y restrictivas, contrarias al derecho y a las cartas y convenciones internacionales», precisó.
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.
La «Nica Act» sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones «libres, justas y transparentes», de acuerdo con el texto de la legislación.
En su declaración de este lunes, el Gobierno nicaragüense señaló a la Alianza Cívica de su «persistente negativa» de hacer un llamado a la suspensión de esas sanciones.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
