EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader informó este lunes que todos los bienes incautados a narcotraficantes, conforme a la nueva ley, son administrados por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), y que muchos de ellos serán puestos en subasta pública.
Al responder una pregunta en La Semanal con la Prensa, el mandatario detalló que cuando las incautaciones son en efectivo, los recursos van directamente al fondo central del Gobierno, en la cuenta 01 del Tesoro Nacional. En cambio, cuando se trata de bienes muebles e inmuebles, como vehículos, solares, viviendas o embarcaciones, el procedimiento establecido es la subasta pública organizada por el Incabide.
“Todos los bienes incautados van al Incabide según la nueva ley. Cuando son en efectivo pasan a la cuenta central del Gobierno, y cuando se trata de bienes, van a subasta. Ese organismo ya está trabajando en ello, y dentro de su consejo hay representantes de varios sectores, incluso figuras de la Iglesia, como monseñor Jesús Castro, además de miembros de la Procuraduría y del Ministerio de Hacienda”, precisó Abinader.
Sobre el terreno del Hotel Santo Domingo
El presidente también aclaró la situación legal del terreno donde funcionaba el antiguo Hotel Santo Domingo, donde el Gobierno anunció la construcción de un moderno centro de convenciones.
Abinader explicó que el Estado realizó las diligencias correspondientes para adquirir el terreno y aseguró que tanto el Central Romana como los abogados del Gobierno han confirmado que no existe ninguna controversia legal sobre la propiedad.
“Sobre el Hotel Santo Domingo, ese terreno se compró para hacer el centro de convenciones. Hay una declaración del Central Romana que niega absolutamente que exista algún conflicto, y detalla el historial de la propiedad. Además, los abogados del Gobierno y los del Central Romana verificaron la situación”, manifestó.
El mandatario subrayó que las informaciones que circulan en algunos sectores, que cuestionan la titularidad del terreno, no tienen fundamento jurídico, y reiteró que el proyecto seguirá adelante como parte de la estrategia de impulsar el turismo de convenciones en el país.
