RESUMEN
En este tiempo globalizado y cada vez más competitivo los profesionales del derecho necesitan herramientas multidisciplinarias para brindar un servicio de excelencia y llevar de manera exitosa su ejercicio, sea desde un tribunal, una gerencia legal, asesoría especializada o un buffete jurídico. Son diversas las habilidades con las que un abogado de estos tiempos debe contar como la negociación, innovación, toma de decisiones, inteligencia financiera, gestión de talento o emprendimiento y que no son abordadas en el transcurso de nuestros estudios de grado.
En este contexto, sobresale un enfoque estratégico basado en gestión de riesgo legal que todo abogado de este tiempo debe explorar y que en la disciplina especializada del compliance se encuentra muy consolidada. La gestión de riesgo legal en el ejercicio del derecho es lo que facilita que el abogado del necesario salto de apagar fuegos a prevenirlos y le prepara para una adecuada prevención y contingencia ante crisis de incumplimientos.
El compliance como disciplina especializada, busca sistematizar el cumplimiento regulatorio mediante la gestión de riesgos legales, protegiendo a la organización de multas económicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, afectación de la reputación, entre otros. La gestión de riesgos legales sigue un marco lógico que va desde la identificación de las obligaciones legales de las que la organización u operación es sujeto obligado, los riesgos existentes de incumplimiento de esas obligaciones, los factores de riesgos, su valoración, su evaluación, estrategia de atención y plan de acción.
En el mundo legal estas habilidades son cada vez más demandadas, aunque tradicionalmente las organizaciones han tenido un área legal para tramitar contratos y atender litigios, la verdad es que éstas están cada vez más inclinadas a priorizar el rol preventor que el abogado puede jugar con una mirada en los riesgos legales inherentes a la actividad que se realiza, incluyendo la gestión contractual.
La gestión del riesgo legal adquiere cada vez más relevancia por la dimensión ética que comprende, entendiendo que no siempre ante un incumplimiento legal, hay corrupción, pero siempre que hay corrupción, hay un incumplimiento legal y no siempre que haya un incumplimiento legal habrá falta de integridad, así como no siempre que haya falta de integridad habrá incumplimiento o corrupción. De esto se desprende la necesidad y utilidad práctica de gestionar el riesgo legal como un mecanismo de protección de la reputación, valorando los elementos éticos envueltos en determinados incumplimientos que podrían generar desconfianza en nuestros clientes o usuarios de servicios, sea de índole pública o privada. Estas afirmaciones podrían el ser génesis de la necesidad de gestionar adecuadamente el riesgo legal tanto en sector público como en el sector empresarial.
En la arena de lo público los cuestionamientos sobre integridad ante cualquier incumplimiento normativo nunca se hacen esperar, pero como hemos sostenido siempre, el desconocimiento es muchas veces el origen de un incumplimiento y no la corrupción o falta de integridad, por ello es de vital importancia la gestión de riesgos, porque detrás de la ilegalidad podemos descubrir desconocimiento de una hiperregulación dispersa, errores humanos, sobrecarga de trabajo, ausencia de lineamientos claros, delegación no guiada y un cambio en la regulación no advertido oportunamente e inexperiencia.
Sin embargo, existe tanta desconfianza social que el beneficio de la duda no tiene espacio en este terreno y es por ello que se hace necesario disminuir los riesgos de incumplimiento, atendiendo a los distintos factores que los causan como mecanismo de protección. Esto, porque lo primero que se cuestiona ante un incumplimiento legal es la integridad y cuando eso sucede, no importa lo que haya dado lugar al mismo, ya existe una alta posibilidad de haber sido sujeto de una sanción moral y social que lastima la reputación, tanto en lo privado, público como en el tercer sector.
En el sector empresarial, la corrupción derivada de un incumplimiento es un tema de alto interés por la sanciones que envuelve para la empresa, reconociendo que este no es una problema exclusivo del sector público y que en la mayoría de los casos de corrupción de alto nivel, una empresa privada funge como contraparte, tal como señala el empresario José Vidal López “Como empresario, me molesta que cada dos por tres aparezca en primera plana un empresario que con su actuación siembra dudas de la actividad de cualquier empresario por temas de fraude y de corrupción”.
Atendiendo a todo esto, en el año 2020 nace la Norma ISO 31022 con las directrices para gestionar el riesgo legal, un estándar internacional que recoge las mejores prácticas a nivel mundial para la identificación y tratamientos del riesgo legal en el contexto empresarial y público de manera sistemática, estructurada y adecuada. Ahora bien, en su utilidad para la toma de decisiones es dónde reside la verdadera estrategia en la gestión de riesgos, dado que, operando oportunamente los riesgos tendremos informaciones relevantes y determinantes para tomar decisiones que impactarán en la operatividad de mi organización, construyendo así una cultura de prevención que planifique la legalidad.
Hasta ahora, me he concentrado en abordar la perspectiva organizacional de la gestión del riesgo legal, pero dicha actividad tiene utilidad práctica en el ejercicio independiente del derecho y no es tan difícil de verlo ya que como abogados al aplicar ante un caso la gestión riesgos sabremos las repercusiones que podría tener en tu reputación, en tus honorarios y en tu trayectoria profesional aceptar un determinado trabajo, además de facilitarte identificar cuál sería vía de abordaje menos arriesgada. Un abogado que gestiona riegos jurídicos agrega alto valor tanto desde la arena corporativa o pública, como en su ejercicio independiente, implica romper el paradigma de la pasividad, evolucionando hacia la proactividad en la gestión legal.
POR TANIA DE LEÓN
*La autora es abogada administrativista especialista en Public Compliance, Compliance Officer Senior-WCA & IAS, Diseñadora del Programa Nacional Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, consultora en implementación de sistemas de compliance y antisoborno, Directora de Cumplimiento en Lexi Public Law Attorneys.