RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El proceso judicial contra generales, coroneles y líderes religiosos, avanza en la etapa de recepción de pruebas a descargo, que inició la semana pasada con el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), general Adán Cáceres Silvestre.
El Ministerio Público concluyó previamente con la presentación de todas sus pruebas admitidas, y desde el pasado 2 de septiembre corresponde a las defensas técnicas presentar las suyas.
En la más reciente audiencia, la defensa del general Cáceres Silvestre continuó con la exposición de sus argumentos, presentando testigos y pruebas documentales.
Entre los testigos que han participado se encuentran Carol Irene Rodríguez, Omar Estévez Franco, Emanuel Florián Soriano, Héctor Espinal y Eureades Grullón Camacho.
Asimismo, fue escuchado el perito Eladio Simón Peña García, quien presentó un informe pericial de carácter financiero, certificado y sellado por el propio especialista en calidad de contador público autorizado.
Dicho documento, de diez páginas, fue leído, analizado e interpretado durante la audiencia, donde el experto aseguró que el mismo fue elaborado con independencia profesional.
Este juicio de fondo es conocido las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, presidenta, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
El proceso, iniciado en 2021, se ha desarrollado en audiencias sucesivas y consecutivas, y mantiene el interés público debido a la magnitud del caso y a los altos rangos militares y religiosos de los imputados.
De acuerdo a la acusación en esta estructura, presuntamente liderada por militares, hubo una estafa contra el Estado por 4,500 millones de pesos.
El Ministerio Público presentó durante el juicio a peritos que supuestamente tasaron en detalle los bienes adquiridos por los acusados con dinero proveniente de actos de corrupción.
Entre los inmuebles analizados destacan tres residencias ubicadas en el exclusivo sector Colina del Oeste, construidas por los imputados mayor general Adán Cáceres Silvestre, coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista. Dichas propiedades, de acuerdo con los avalúos presentados, alcanzan un valor conjunto de US$3,486,544.92.
Las investigaciones revelan que los inmuebles fueron colocados a nombre de la empresa Unico Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a la imputada Rossy Guzmán Sánchez (conocida como la Pastora), en una maniobra utilizada para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
