RESUMEN
En mi obra *Constitución Política | Política Constitucional* dedico un capítulo completo al análisis de los derechos de las personas privadas de libertad, recordando que la Constitución protege su dignidad humana incluso dentro del encierro. Ese capítulo adquiere nueva relevancia frente al proceso de cierre de la Penitenciaría Nacional La Victoria y la apertura del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, un cambio estructural que impacta de manera directa en la protección de esos derechos.
La Victoria fue, durante décadas, el reflejo del deterioro institucional del sistema penitenciario dominicano. Construida para unos 2,000 internos, llegó a albergar entre 4,800 y 9,000 personas, lo que representaba un hacinamiento superior al 300% de su capacidad. Esa situación generó violaciones constantes a los derechos fundamentales: espacios insalubres, brotes de enfermedades, zonas sin ventilación, insuficiencia de servicios sanitarios, violencia interna y fallas estructurales que comprometían la integridad física de los reclusos. Este modelo era contrario al artículo 40 de la Constitución, que prohíbe todo trato inhumano o degradante.
El traslado hacia Las Parras marca el inicio de una etapa distinta. El nuevo centro fue diseñado para una capacidad final de 8,000 internos, con una primera fase operativa que ofrece más de 2,400 espacios dignos de alojamiento. Este cambio reduce de manera significativa la densidad por celda y elimina el hacinamiento extremo que caracterizó a La Victoria. La distribución física, más amplia y segmentada, crea condiciones reales para proteger la salud, la seguridad y la integridad de los privados de libertad.
Un avance fundamental es la implementación de un sistema de clasificación técnica e individualizada, realizado por equipos multidisciplinarios. Esta evaluación permite distinguir perfiles, condiciones de salud, historial delictivo y situación procesal, garantizando que cada interno reciba un trato ajustado a su realidad y al debido proceso. En La Victoria, la ausencia de clasificación permitió durante años la convivencia desordenada entre procesados y condenados, lo que aumentaba los riesgos internos y vulneraba principios básicos de justicia.
Las Parras incorpora mejoras significativas en materia de salud y servicios básicos. Dispone de áreas médicas adecuadas, sistemas sanitarios modernos y espacios con ventilación natural y supervisión constante. Las estadísticas históricas de La Victoria mostraban que más del 70% de los internos reportaba episodios frecuentes de insalubridad. La nueva infraestructura corrige esa realidad y fortalece el derecho a la salud consagrado en el artículo 61 de la Constitución.
También se refuerza la seguridad estructural. Mientras La Victoria arrastraba décadas de deterioro, con riesgo de incendios, instalaciones precarias y electricidad improvisada, Las Parras fue construida con estándares actuales de protección y control. Este entorno reduce riesgos críticos y garantiza una vida intramuros más estable y segura.
El modelo de Las Parras introduce además espacios para educación, trabajo y programas de reinserción, elementos indispensables para cumplir con el propósito constitucional del sistema penitenciario: la recuperación social del interno. Oficios, talleres y actividades formativas adquieren un papel central en la nueva estructura, contribuyendo a reducir la reincidencia y a fortalecer el proceso de reintegración.
Todo este conjunto de mejoras permite afirmar que la transición hacia Las Parras refuerza garantías fundamentales. Aunque persisten desafíos, el país avanza hacia un modelo penitenciario más humano, más ordenado y más coherente con los principios constitucionales.
La República Dominicana cierra con La Victoria una etapa marcada por carencias históricas. Con Las Parras se abre un capítulo orientado a la dignidad humana y al cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución. La transformación penitenciaria en curso confirma que, aun en los espacios más complejos de la vida institucional, la dignidad y los derechos fundamentales deben ser protegidos con firmeza.
Por Rafael Díaz Filpo
Juez emérito y primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana