EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este jueves una garantía económica de dos millones de pesos, como medida de coerción, a pagar a través de una compañía aseguradora contra el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, en Santo Domingo.
Santillán Faulkner es señalado como el estratega legal de la presunta red que estafó más de 4,000 millones de pesos por medio del esquema fraudulento denominado Investor Winner, desmantelado en junio de 2024 mediante la operación Gaviota.
La jueza Fátima Veloz también impuso para Faulkner presentación periódica los 30 de cada mes ante el juzgado e impedimento de salida del país.
Los abogados de 100 de las presuntas víctimas se expresaron inconforme con la decisión de la magistrada, considerando que no tomó en cuenta el comportamiento del acusado, que tuvo más de un año prófugo de la justicia.
Asimismo, la supuesta red operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 involucrados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de Instrucción.
El Ministerio Público solicitó que el abogado vaya a prisión argumentando que el imputado ha demostrado comportamiento evasivo y la clara intención de sustraerse al proceso penal.
El acusado enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
Por este caso, también, cumplen coerción Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres.
Mientras que, Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez están en Najayo Mujeres. A Lucía Martínez Colón se le impuso garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Modus operandi de la supuesta red delictiva
La acusación estableció que la organización criminal captaba inversores bajo la promesa de altos rendimientos, del 10% al 30% mensual, mediante supuestas operaciones de trading. Utilizaban plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer víctimas con promesas irreales de rentabilidad.
Los imputados constituyeron empresas sin los permisos de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores, operando bajo un esquema piramidal. La captación se realizaba en niveles, mediante empresas secundarias y terciarias que simulaban canalizar inversiones hacia una firma principal. Sin embargo, las evidencias indican que menos del 15% de los fondos fueron realmente colocados en brókers.
El dinero de nuevos inversores se usaba para pagar intereses a los primeros clientes, simulando solvencia financiera con estados de cuenta falsificados. Para ocultar rastros, los responsables cedieron acciones de sus empresas y cambiaron de residencia, trasladándose desde Higüey hacia Dajabón y Azua; algunos incluso salieron del país.
