EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los partidos Fuerza del Pueblo, Fuerza Nacional Progresista, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Partido de la Unidad Nacional (PUN) expresaron este martes su objeción a la empresa Deloitte & Touche, que auditará el voto automatizado.
Los delegados técnicos de los referidos partidos indicaron en un comunicado que la objeción se debe a que, a su entender, el procedimiento de escogencia de la firma fue ilegal, debido a que, entre otras cosas, “los representantes de los partidos que cuestionaron el sistema no tuvieron ninguna participación en el proceso de selección de la empresa contratada para realizar la solicitada auditoría”.
Señalaron que no reconocen validez a la auditoria encomendada a la empresa Deloitte, “por la misma adolecer de múltiples deficiencias en los procedimientos del servicio contratado”.
“La declaratoria de urgencia utilizada como procedimiento de excepción para la otorgación de dicho contrato, requiere del dictado de un acto administrativo previo que explique las razones para dicha urgencia, según lo disponen los artículos 6, párrafo único, numeral 4, de la Ley núm. 340-06 y 4.2 del Reglamento 543-12”, indica el comunicado.
“La declaratoria de urgencia no supone en modo alguno omitir los principios y reglas esenciales de todo procedimiento de contratación pública”, agregaron los partidos.
“El artículo 4.7 del Reglamento 543-12, indica que, no obstante la urgencia, la entidad contratante habrá de salvaguardar siempre la total publicidad y transparencia del proceso, así como deberá asegurar la máxima participación de potenciales oferentes para la contratación, lo que no ocurrió en la contratación efectuada por la JCE”, indica el documento.
“El artículo 43, numeral 2 de la Ley 340-06, indica que cuando los servicios sean de naturaleza excepcionalmente compleja o altamente especializados o de servicios que exijan innovación, se utilizará la modalidad basada exclusivamente en la idoneidad del proponente y en la calidad de la propuesta técnica”, sostuvieron.
Añadieron que “por tales razones, la otorgación del contrato para privilegiar a la empresa Deloitte por el bajo precio de la oferta constituye una adjudicación ilegal. La cuantía de dicho contrato, que ronda los 300 mil dólares, no guarda relación con la complejidad técnica que implica realizar una verdadera auditoría técnico forense del sistema de votación electrónica, objeto de múltiples señalamientos de irregularidades”.
Los partidos manifestaron además que la JCE “obvió el pedido de integrar a dicho proceso a representantes de ONU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos, a los fines de darle total transparencia y confianza al proceso de contratación y a la propia auditoría técnico forense requerida”.
Agregaron que la contratación también “se agrava al trascender información que vincula directamente al representante de la empresa Deloitte en República Dominicana, José Luis de Ramón, con servicios al gobierno del presidente Danilo Medina, entre los que se destaca su participación en la auditoría relacionada con la contratación para la construcción de la planta de energía Punta Catalina”.
“En consecuencia, dicha contratación equivale a que el gobierno sea quien audite su propio fraude”, indicaron.
Dijeron, además que, debido a las supuestas irregularidades, no comparecerán en la auditoría.
“Reclamamos que cualquier auditoría a ser contratada por la JCE, además de cumplir con los reglamentos y leyes aplicables para convocar a una licitación para esos servicios, se utilice como marco de referencia los requisitos y procedimientos adoptados por la OEA”, señalaron los partidos.
