«Quien no investiga no tiene derecho a la palabra», frase atribuida a Mao Zedong, que también fue utilizada por Marco Aurelio Denegri, un destacado intelectual peruano, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de hablar con fundamento y conocimiento en cualquier debate o discusión. Este principio adquiere especial relevancia en los complejos debates actuales sobre Friusa, la seguridad nacional y la soberanía de República Dominicana y si debe permitirse otra marcha allí, en el contexto del tema haitiano. En un panorama repleto de opiniones muchas veces carentes de base o de “expertos” sin titulación alguna, convertidos en opinólogos, -como dicen en mi tierra natal-, que hablan por boca de ganso, lo que hace urgente desentrañar las dinámicas subyacentes para abordar los retos de manera informada.
Originalmente, el discurso sobre Friusa señalaba, desde una atrevida ignorancia, que aquella comunidad era como un asentamiento haitiano, algo alimentado por el desconocimiento. Sin embargo, el maestro Domingo Arias Paredes, parte del Observatorio de Seguridad y Defensa RD, nos ofreció una perspectiva más matizada estableciéndonos que aquella comunidad en Punta Cana es insignificante frente a los problemas reales, ya que no es un asentamiento haitiano. La problemática radica más bien en zonas como Mata Mosquito, una opinión avalada por su experiencia, cómo el único funcionario que se atrevió mucho antes del mediatismo coyuntural, a desarrollar un operativo migratorio en esa área, mientras servía en las Fuerzas Armadas. Esto subraya que Friusa no es un área de conflicto migratorio; el foco crítico es Mata Mosquito, dada su relación con el crimen organizado, incluyendo la presencia de fugitivos haitianos bien armados y protegidos, lo que revela una preocupante fragilidad. Los acontecimientos del domingo de la marcha de la Antigua Orden Dominicana, les dieron la razón y enfatizan la necesidad de políticas más robustas y proactivas, siempre respetando los derechos humanos. Las respuestas reactivas, aunque necesarias en emergencias, deben complementarse con estrategias preventivas basadas en la recopilación y el análisis de inteligencia. Es aquí donde la seguridad nacional puede marcar una verdadera diferencia, transformando zonas críticas en puntos de control y regulación.
Uno de los errores más comunes en el discurso público radica en simplificar la migración masiva de haitianos como una amenaza monolítica para la seguridad dominicana. Si bien es cierto que la magnitud de la migración genera presiones sobre las instituciones estatales, estas dinámicas no deben equipararse automáticamente con las amenazas que representan las redes de crimen organizado. Es fundamental reconocer que los migrantes, haitianos en su mayoría, huyen de situaciones de hambre, pobreza y violencia, buscando una oportunidad para sobrevivir. De hecho, los migrantes vulnerabilizados no son una amenaza a la soberanía; al contrario, son reflejo de un drama humanitario que exige respuestas empáticas y coordinadas.
El enfoque de las repatriaciones, aunque persuasivo en términos simbólicos, no aborda las raíces del problema. Más aún, ignora que los mayores riesgos para la soberanía y la seguridad no provienen necesariamente de los migrantes vulnerables, sino de las mafias internacionales con capacidad operativa y financiera para desestabilizar la sociedad. La desproporción entre la percepción pública y la realidad de estas amenazas desvía recursos y atención de los verdaderos puntos críticos.
En este contexto, es imprescindible que la comunidad internacional asuma un papel activo en la resolución de la crisis haitiana. Haití enfrenta desafíos estructurales que van más allá de las capacidades de República Dominicana, lo que demanda un esfuerzo conjunto de los actores globales. El apoyo de organismos internacionales y la promoción de políticas de desarrollo sostenible en Haití son esenciales para abordar las causas fundamentales de la migración, como la pobreza extrema y la violencia.
Desde una perspectiva geopolítica, la cooperación internacional debe centrarse en establecer acuerdos que permitan una gestión migratoria ordenada y humanitaria, mientras se fortalecen las capacidades de inteligencia estatal para diferenciar entre migración masiva y operaciones del crimen organizado. Asimismo, es crucial transformar las narrativas públicas para educar a la ciudadanía sobre las soluciones reales, fomentando discursos responsables que prioricen el respeto a los derechos humanos.
En definitiva, solo a través del trabajo conjunto entre actores nacionales e internacionales será posible construir soluciones duraderas que beneficien a ambas naciones y refuercen la estabilidad regional. La comunidad internacional no solo tiene un deber moral, sino también un interés estratégico en participar activamente en este proceso. Reconocer que el bienestar de Haití tiene repercusiones directas en la seguridad y el desarrollo de toda la región es clave para avanzar hacia un futuro más justo, equilibrado y humanitario.
El autor es abogado, magister en Seguridad y Defensa Nacional, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, doctorando en derecho Administrativo iberoamericano, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD.
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Por: Juan Manuel Morel Pérez.