EL NUEVO DIARIO, GUATEMALA.- Empresarios, sociedad civil, autoridades indígenas, legisladores y políticos, miembros del Frente Ciudadano Contra la Corrupción de Guatemala, pidieron hoy a los diputados con «conflicto de intereses» no participar en la regulación del delito de financiación electoral.
En un comunicado divulgado este miércoles, el ente recordó que la diputada opositora Andrea Villagrán presentó el martes un recurso ante la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso que busca evitar que los parlamentarios que tengan conflicto de interés en torno a esta reforma se abstengan de votar en la tercera y última lectura de este proyecto de ley.
Esta iniciativa pretende variar supuestos del tipo penal para minimizar la responsabilidad de los secretarios de los comités ejecutivos nacionales, departamentales y municipales en torno al manejo de las finanzas de los partidos, disminuyendo la pena a entre dos y cinco años y autorizando su conmutación a una multa económica.
A juicio del frente anticorrupción, el conflicto existe porque los cambios que se están proponiendo traerían beneficios «personales» a los diputados que tuvieron esas responsabilidades en el proceso electoral de 2015, a los que estuvieron vinculados o a los que ya tienen solicitudes de retiro del fuero por el delito de financiación electoral ilícita.
«La modificación, como está planteada, pondría en riesgo las investigaciones que pudieran plantearse con respecto a la campaña electoral del próximo año y las de los años siguientes», agregó el comunicado, por lo que también pide la aprobación de otro tipo de reforma al artículo 407 N, como han solicitado varios colectivos.
En este sentido, proponen para el delito de financiación electoral ilícita una pena de 2 a 6 años de cárcel e inconmutable, la cual se incrementaría en dos terceras partes cuando el delito lo cometa alguien que ejerza empleo o cargo público, o cargo de elección popular, además de su inhabilitación para optar a cargos públicos.
El delito de financiación electoral actualmente tiene una pena de 4 a 12 años, aunque con muchos vacíos legales por su redacción, lo que ha motivado su modificación.
El frente anticorrupción también considera necesario que se incluya la inhabilitación como contratistas del Estado o financistas de partidos políticos a quienes resulten responsables de cometer este delito.
En los últimos dos años, varios secretarios generales de las formaciones políticas que se presentaron a las elecciones de 2015 están sufriendo una investigación por este tipo de ilícito.
La Fiscalía también solicitó el retiro del fuero al presidente, Jimmy Morales, por supuestas irregularidades cuando era secretario general del partido que lo llevó al poder, el ahora oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aunque el Congreso no lo autorizó.
