RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El colapso del tanque de almacenamiento del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), ocurrido en el municipio de Consuelo, provincia San Pedro de Macorís reactivó este jueves las críticas sobre la gestión de la infraestructura hidráulica en el país.
La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de Fuerza del Pueblo consideró que el incidente evidencia que, en la actual administración, las inversiones en obras del sector no están siendo acompañadas por una planificación adecuada, diseños integrales ni procesos de mantenimiento que garanticen la seguridad de la población.
La organización política recordó que en 2022, Inapa anunció una inversión superior a RD$125 millones para mejorar el suministro de agua en Consuelo. Tres años después, un tanque con más de cuatro décadas de construido cedió por supuestas fallas estructurales, dejando a su paso viviendas destruidas y varios heridos.
Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría y dirigente de la Dirección Política de FP, sostuvo que la situación genera cuestionamientos sobre el alcance real de esa inversión y la ausencia de una revisión técnica de los activos existentes.
Según dijo la propia institución reconoció que “no se realizaron evaluaciones de integridad estructural”, aspecto que a su juicio debió ser parte esencial de un proyecto millonario que buscaba mejorar el servicio de agua potable en el municipio.
El colapso dejó más de 15 viviendas afectadas, cinco de ellas destruidas y más de diez personas lesionadas, en un hecho que impactó a toda la comunidad. Residentes aseguran que el tanque solo recibió “pintura exterior” en los últimos años, sin trabajos que reforzaran su estructura.
Otáñez afirmó que este caso se suma a otros episodios donde según denunció, las inversiones de Inapa no han producido mejoras reales en la continuidad del servicio, mientras las respuestas oficiales se limitan a informes técnicos que no establecen responsabilidades claras.
El dirigente aprovechó para insistir en la necesidad de una reforma profunda del sector agua potable y saneamiento, orientada a mejorar la eficiencia en la gestión, la atención al usuario y la sostenibilidad financiera del sistema.
“Sin instituciones fuertes y planificación real, seguiremos lamentando desastres evitables y desperdiciando recursos públicos”, expresó.
