EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Fiscalía del Distrito Nacional informó este jueves que junto a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) interrogaron ayer a una quinta persona vinculada a las presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de licitación convocado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) para la adquisición de kits de alimentos durante el actual período de cuarentena por el coronavirus.
Se trata de Eduardo Suero Poche, quien se desempeñaba como encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro de esa entidad gubernamental, quien fuera entrevistado por la fiscal del Distrito Nacional, encargada de dicha investigación.
Tras ser citado por el Ministerio Público, el ingeniero Suero Poche compareció para responder los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que sigue recabando datos sobre el referido proceso y que en los próximos días estarán concluyendo con los miembros faltantes de la comisión de licitación y colaboradores del INAIPI, como parte de la investigación que tiene el propósito de determinar la existencia o no de hechos violatorios a las leyes en este caso.
Se recuerda que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso de licitación. A raíz de la denuncia, el pasado 17 de abril, el Ministerio Público recibió sus declaraciones formales respecto a este hecho.
La institución indicó que luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderara del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
En ese sentido, el órgano persecutor de los delitos señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
Asimismo, reiteró su compromiso de hacer todo lo que corresponda para verificar la comisión de hechos penales y de confirmarlos, actuará conforme lo establecen las leyes de rigor.
Tras la denuncia renunció la directora del Inaipi, Berlinesa Franco yluego fueron fueron destituidos por el Poder Ejecutivo el director de operaciones, Ricardo Guzmán; la directora de Compras, Maira Martínez; Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública.
