EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. – La Fiscalía del Distrito Judicial de La Vega solicitó este lunes la revocación de la suspensión condicional de la pena de tres años de prisión impuesta a Daniel Abreu, tras considerar que el condenado incumplió las condiciones de la sentencia y reincidió en delitos graves relacionados con drogas y armas.
Según una nota de prensa, los nuevos hechos atribuidos a Abreu constituyen violaciones a la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como a la Ley No. 631-16 sobre Armas de Fuego. El Ministerio Público indicó que estos actos reflejan una conducta reincidente y un claro irrespeto hacia las decisiones judiciales.
Abreu había sido condenado mediante la sentencia número 970-2023-SSEN-00108 a tres años de prisión, pena que fue suspendida bajo ciertas condiciones, incluyendo el pago de una multa equivalente a veinticinco salarios mínimos del sector público y la realización de trabajos comunitarios. Sin embargo, dichas condiciones no fueron cumplidas.
El Ministerio Público informó que el 11 de abril de 2025, Abreu fue arrestado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), al ser sorprendido con sustancias controladas y un arma de fuego sin documentación. Tras su detención, logró escapar del destacamento policial de Jarabacoa, evadiendo temporalmente la justicia.
Posteriormente, fue recapturado el 9 de julio y presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Jarabacoa, que le impuso una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva.
La Fiscalía fundamentó su solicitud en el artículo 341 del Código Procesal Penal, el cual permite al juez de la Ejecución de la Pena revocar la suspensión condicional si se incumplen las condiciones o si el condenado comete una nueva infracción penal.
En consecuencia, el Ministerio Público ha solicitado que se ordene la ejecución inmediata de la pena de prisión, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito.
Asimismo, reiteró su compromiso con el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y con la protección de la seguridad ciudadana, enfatizando que no se puede permitir que personas que reciben una segunda oportunidad opten por reincidir en el delito y burlar la autoridad.
