EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.– La Fiscalía de La Altagracia ha solicitado formalmente la imposición de una medida de coerción consistente en prisión preventiva contra el ciudadano Jefte Rafael Ventura Jiménez, acusado de difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos.
La acción legal surge tras la difusión de una serie de videos en las cuentas de Instagram @hablandodevehiculos y @jefte_ventura, así como en YouTube y WhatsApp, en los que Ventura Jiménez realizó afirmaciones calificadas como falsas y maliciosas contra la empresa Petromóvil, S. A., y el abogado y empresario Crisyael Montilla Martínez.
Detalles de las imputaciones
Según el expediente acusatorio, en fecha 14 de mayo de 2025 el imputado publicó contenido audiovisual en el que afirmaba que Petromóvil impedía la evaluación de la calidad de su combustible y sugería que el Ministerio de Industria y Comercio calificaba dicho producto como “una porquería”. Asimismo, atribuyó de forma injuriosa al señor Montilla Martínez haber proferido amenazas contra su integridad personal, insinuando que actuaba mediante métodos intimidatorios.
La querella establece que Ventura Jiménez utilizó documentos y gráficos que no se corresponden con la verdad para respaldar sus denuncias, lo que habría generado un daño significativo a la reputación comercial de la franquicia y a la honra profesional de los querellantes.
Los denunciantes, representados por sus equipos legales, sostienen que estas publicaciones han provocado una disminución considerable en los ingresos de las estaciones de servicio, especialmente en la ciudad de Higüey, y han creado un clima de desconfianza injustificado entre los consumidores.
El Ministerio Público sustenta su solicitud en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07, que sancionan la difamación e injuria públicas a través de medios informáticos con penas de prisión y multas.
El expediente resalta que el imputado actuó con “intención culpable”, buscando desacreditar activamente a una empresa que cuenta con todas las certificaciones de calidad estatales, y que habría violado varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.