EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, explicó este jueves que el Ministerio de Justicia, propuesto por el presidente Luis Abinader, busca desligar al Ministerio Público y al Poder Judicial de «funciones que no le son propias.»
Castaños sostuvo que funciones como la administración de cárceles, el manejo de bienes incautados, las multas o la revisión de exequaturs no son responsabilidades que deben recaer sobre el Ministerio Público.
En ese sentido, expresó que es la propia Constitución la que da la facultad de transferir estas funciones a otras instancias del Estado y estimó que alrededor del 60% del presupuesto del Ministerio Público se gasta en la administración de recintos carcelarios.
El abogado recordó que en República Dominicana ya existía un Ministerio de Justicia que fue abolido en 1964 y sus funciones transferidas a otras instituciones, por lo que valoró la propuesta presidencial de crear una nueva institución judicial.
Castaño estuvo de acuerdo en consensuar la propuesta en el Congreso Nacional ya que en el Poder Legislativo reposa un proyecto de ley que busca crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una iniciativa concebida hace un año por el senador Félix Bautista.
Aunque las críticas sobre un posible abultamiento e incremento de los recursos del Estado se ha hecho notar, Castaños explicó que la transferencia de funciones hacia el Ministerio de Justicia no aumentaría los fondos estatales, sino que se traspasarían los fondos utilizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial hacia el nuevo organismo.
Ayer, el presidente Luis Abinader instruyó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a iniciar las consultas para crear un nuevo Ministerio de Justicia, una sugerencia que deberá pasarse por el Congreso Nacional para ser aprobada como una nueva ley.
