RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), expresó su preocupación ante la situación que ha suscitado la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) por los continuos paros de la docencia y su convocatoria a futuras suspensiones en el calendario escolar vigente.
El organismo llamó a la ADP a comprometerse con la calidad de la educación, a usar las herramientas del diálogo consensuado que contribuya al desarrollo armónico e integral de la educación dominicana.
Dijo que solo así se forjará el clima que permitirá la igualdad de oportunidades entre todos los sectores y redundar en el progreso económico y social del país.
Expresó que la ADP está actuando en contra de estas acciones y del Pacto por la Reforma Educativa, señalando que sus actos solo tienen el propósito de alcanzar un aumento salarial para los pensionados, jubilados y los docentes activos.
«Tal cual señala el referido pacto, la educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la nación dominicana, por lo que es importante cumplir con los planes programados para alcanzar el éxito del sistema educativo, conformado por la comunidad docente, padres, tutores, alumnos y todos los sectores comprometidos con la mejora de la calidad educativa», expresó.
Asimismo, dijo que aunque las protestas son un dereho constitucional, debe considerarse que esa libertad no puede estar por encima de los derechos a la educación.
Del mismo modo, por medio de la sentencia TC/0064/19, del Tribunal Constitucional, FINJUS se pronunció al respecto señalando que: “el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites”.
Aclaró que lo que el Constitucional busca plasmar es que, si bien es cierto que el derecho a la protesta se encuentra protegido, no se puede hacer uso abusivo del mismo, sobre todo cuando sus efectos incluyen el agravamiento de la situación del sistema educativo y el irrespeto al derecho a la educación.
Agregó que lo antes expuesto por el TC adquiere una ponderación especial cuando la interrupción de la labor educativa afecta de manera escalonada el servicio que deben recibir los niños, niñas y adolescentes, razón por la cual, entre otras, fue suscrito el Pacto por la Reforma Educativa. “Este derecho debe ser garantizado a lo largo de toda la vida, porque adquiere una significación especial en la etapa de la niñez y la adolescencia de las personas”.
Recalcó que es evidente que un aumento de la mejoría del sector educativo no se limita a alcanzar mayores aportes económicos, porque un incremento de la calidad del mismo implica nuevas estrategias que van desde la cobertura de ingreso y reinserción escolar, hasta el diseño de programas de apoyo social como contribución al desarrollo del país.
«Desde FINJUS hacemos hincapié en la trascendencia que posee el servicio público educativo. Deben erradicarse las prácticas que deriven en un deterioro de las condiciones de la educación pública», sostuvo.
