RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, INC, (FINJUS), consideró este domingo como impostergable que los tribunales de la República retomen su carácter presencial, con la debida observación y cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, en vista de que la virtualidad está generando debilidades que impiden el desarrollo normal del sistema de justicia dominicano.
La entidad resaltó mediante nota de prensa, que las resoluciones del Consejo del Poder Judicial sobre el plan de continuidad del Poder Judicial y el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales, han creado dificultades operativas que lesionan el acceso oportuno y directo a la justicia.
Asimismo, sostiene que la modalidad virtual que se ejecuta dificulta la plena realización de principios fundamentales de la justicia como son el de inmediación, la oralidad, el contradictorio, la concentración, al tiempo que afecta la celeridad, la economía procesal, la seguridad jurídica y la correcta valoración de la actividad probatoria.
Finjus plantea que los servicios judiciales virtuales, tanto en las labores de secretaría como en la celebración de audiencia, representan un obstáculo para grupos históricamente excluidos que aún no han podido insertarse plenamente en esta nueva modalidad del sistema de justicia.
En ese orden, dice que se daría lugar a violaciones a las garantías procesales y la tutela jurisdiccional efectiva, al irrestricto derecho a la defensa y la garantía constitucional del debido proceso.
“Lo anterior es grave, sobre todo porque afecta tanto a los usuarios del sistema de justicia como a los abogados que consideran cuesta arriba asumir una virtualidad que no se corresponde con la realidad del ejercicio profesional”, añade Finjus en el comunicado.
FINJUS reitera la necesidad de que el órgano de gobierno del Poder Judicial reflexione sobre sus protocolos y el plan de reactivación que elaboraron, para garantizar que la apertura de los tribunales a nivel nacional permita la integralidad del acceso a la justicia, asegurando que cualquier persona, sin importar su condición social, económica o política, pueda acceder ese derecho fundamental sin demora y con todos los recaudos relativos a los principios y el debido proceso.
Igualmente, exhorta a que las actuaciones del Poder Judicial estén encaminadas hacia la reactivación a corto plazo de los órganos jurisdiccionales y administrativos mediante la modalidad presencial, en correspondencia a lo que han planteado diferentes sectores, para contribuir al retorno a la normalidad dentro de los parámetros de seguridad, prevención y control de los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación de la vida económica, social e institucional ligados a los procesos judiciales en curso.
