EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con motivo de celebrarse este viernes el Día del Poder Judicial, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cita como uno de sus principales retos continuar fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan en el Sistema de Justicia.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, al expresar que aún existe un largo camino que recorrer en el plano institucional general del país, considera necesario continuar en los procesos de reforma en curso, especialmente de conformidad a los presupuestos constitucionales que faltan por materializar.
Además, otras medidas que reforzarían la capacidad de persecución del crimen organizado y el delito, así como la creación de un ambiente de transparencia que es ineludible para el fortalecimiento de la democracia.
Para este nuevo año 2022, Castaños Guzman, recuerda que esta pendiente, como retos la realización del compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar un conjunto de reformas, como la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas número 10-04; la adopción de un Código Penal consensuado y moderno; una nueva Ley de Contrataciones Públicas; la Ley de Extinción de Dominio; entre otros aspectos de primer orden de una agenda legislativa prioritaria para vencer la opacidad y la corrupción.
“2022 está llamado a ser el escenario donde el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional, el intercambio de informaciones, lineamientos y datos, para que finalmente podamos superar la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas”, dijo.
Al hacer un análisis del Sistema de Justicia con motivo del Día del Poder Judicial, Finjus opinó que el 2022 se puede convertir en el espacio ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito dependerá de cuán fortalecidas se encuentren la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de nuestra institucionalidad democrática.
La entidad también valoró el avance que supuso el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
En ese sentido, sostuvo que la sentencia TC/0286/21 de fecha 14 de septiembre de 2021 emitida por el Tribunal Constitucional, aclaró que no se trata de que el uso de los medios digitales contravengan el contenido constitucional, sino que deben estar regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del órgano.
Agregó que, supone un desafío en el 2022 para la comunidad jurídica y especialmente para el Poder Judicial, aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial que actualmente se encuentra en la fase de estudio en el seno del Congreso Nacional.
Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que el desafío de la justicia digital implica innovar estructuralmente el sistema, no sólo como forma de adecuación práctica de las herramientas tecnológicas, sino también como un nuevo mecanismo democrático que genere, a su vez, el fortalecimiento del Estado de Derecho en su conjunto.
El Ministerio Público
Finjus consideró que la sociedad ha valorado positivamente la designación de la Procuradora General de la República y la consecuente integración de los diferentes estamentos ejecutores de este órgano persecutor, al tiempo que ha aplaudido el interés de garantizar que los procesos de su designación o selección se realicen sin sujeción al partidismo, como una forma objetiva de enfrentar las amenazas a la independencia funcional del Ministerio Público consignadas en sus leyes.
Es decir, aseguró Finjus que con su accionar en términos cuantitativos –y también cualitativos–, el Ministerio Público ha repuntado la confianza ciudadana sobre sus acciones, “fortaleciendo lo institucional y el establecimiento de su independencia formal y material”.
No obstante, desde la fundación “advertimos la necesidad de que la persecución penal no derive en el sobre tratamiento mediático de los casos, y se evite generar un proceso irregular o violaciones de los derechos del sujeto inmerso en un proceso penal en calidad de imputado”.
Dichas garantía, añade Castaños Guzmán, resulta ineludible para que los imputados no se vean expuestos a un juicio anticipado e incluso a una condena moral con sentencia dictada en los medios de comunicación, y se convierta en uno de los graves peligros advertidos por las más importantes corrientes de la doctrina jurídico-penal: el “populismo punitivo” o “populismo penal”.
