EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el cuadro “desolador” que según la Fundacion Institucionalidad y Justicia (Finjus) presenta el COVID-19 en el país, considera urgente identificar áreas en las que fondos públicos puedan ser distraídos como el Fondo de Gestion Social de senadores y diputados, llamado también “el barrilito”, para combatir los estragos del coronavirus.
“Ha llegado la hora de que el Congreso de la República muestre su capacidad de rectificación y de inmediato proceda a suprimir estos programas enmascarados de financiación de la política partidaria, para que esos recursos, que se originan en los impuestos de los contribuyentes, cumplan con su vocación más legítima, que es servir para la recuperación de la nación”, dijo en nota enviada a END Servio Tulio Castaños Guzmán, vice presidente ejecutivo FINJUS
En su próxima sesión, senadores y diputados deberían plantear en su agenda del dia, temas para que esos fondos sean destinados a servir para asistir a las comunidades más afectadas, a los grupos vulnerables y el reforzamiento de las medidas de control y seguridad para evitar la expansión del virus COVID-19.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, recuerda que ese fondo, que implicó en 2019 centenares de millones de pesos para la supuesta asistencia social representa la desnaturalización de la función legislativa y constituye un agravio a la transparencia que debería primar en el Congreso.
“Desde hace años, FINJUS y otras instituciones sociales venimos reclamando la eliminación de este tipo de prácticas, independientemente del nombre que le asignen. Esto es más urgente que nunca en la actualidad, en medio de la calamitosa situación que prevalece por la expansión del Covid-19.”
Castaños Guzman, entiende que este es un momento clave para el destino de la democracia y de la sociedad, es urgente que en su próxima sesión el Senado y la Cámara de Diputados dispongan la supresión inmediata del empleo de esos fondos en actividades particulares, y que los mismos sean asignados a los planes de emergencia para la compra de pruebas para la detección del virus, y de los insumos necesarios para la protección del personal sanitario y para el equipamiento de los hospitales.
Servio Tulio Castaños Guzmán, califica como “una de las prácticas más aberrantes” que se realiza desde el Congreso Nacional, bajo la modalidad de un Fondo de Gestión Social de los legisladores (mejor conocido como barrilito o cofrecito), mediante el cual centenares de millones de pesos son asignados cada año a senadores y diputados para “fines de asistencia social” en sus comunidades.
