RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exhortó este lunes al Poder Ejecutivo remitir al Congreso Nacional, el Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas, el cual ya fue debatido por diversos sectores de la vida nacional.
El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que resulta evidente que se requiere una regulación más completa sobre el tema de las compras y contrataciones públicas en el país.
Con una nueva ley de Contrataciones Públicas, “las actuales facultades del órgano rector y la posibilidad de fiscalizar con eficacia aquellas contrataciones que podrían presentar condiciones irregulares a la luz de la Ley No. 340-06, podrían ser fortalecidas desde un marco jurídico más acorde a las dinámicas reales de funcionamiento del Estado dominicano”. manifestó.
En ese sentido, la actual coyuntura ha evidenciado algunas de las limitaciones inherentes a la propia Dirección General de Contrataciones Públicas.
Lo anterior, explica Servio Tulio que más allá de cualquier diferencia que se haya suscitado en el marco jurisdiccional derivada de los efectos de la Resolución Núm. RIC-131-2021 de la DGCP y su cauce jurisdiccional.
“Resulta evidente que la suspensión provisional de la misma por parte del Tribunal Superior Administrativo responde directamente a una ambigüedad en el marco interpretativo de la ley vigente, lo cual provoca contradicciones entre los entes públicos y, por tanto, se ralentizan procesos institucionales que responden a necesidades y prerrogativas de quienes acuden a procesos de esta naturaleza”, explicó.
“Desde Finjus, consideramos que esta situación es una muestra más de la necesidad de garantizar a la ciudadanía un marco jurídico coherente en esta materia y que, al mismo tiempo, dote de seguridad jurídica a quienes generan relacionamiento directo con procesos de compras y contrataciones públicas”, argumentó.
El vicepresidente de la Finjus externó que se requiere que el Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas pueda ser estudiado cuanto antes en el Congreso Nacional para su eventual promulgación, con lo cual se podría fortalecer el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.
También consideró que se podrá consolidar el alcance del Órgano Rector, extendiendo la aplicabilidad de los principios rectores y garantizando un marco adecuado para la resolución de los conflictos administrativos que pudiesen ser resueltos por la referida institución pública.
