RESUMEN
La promulgación de la Ley 28-23 nace con el impulso especial crear, en un futuro cercano y quizás a largo plazo una organización estatal efectiva. Esto implica la infinita voluntad de nuestras autoridades de afianzar diferentes métodos de una buena administración pública e institucional, que conlleva la aplicación de medidas cautelares al momento de disponer del presupuesto proveniente de los recursos públicos.
No es un secreto para nadie que una buena administración del Estado, trae consigo una estabilidad social y económica visible para todos aquellos que esperan resultados favorables, principalmente los sectores productivos nacionales y los ciudadanos que se desprenden de las diferentes clases sociales de nuestro país. Es imprescindible destacar, en base a lo expresado en el presente párrafo, que la estructura del Fideicomiso Público ha sido totalmente diseñada para fomentar una estructura organizacional en todos los Poderes del Estado que son neurálgicos para el desarrollo de la República Dominicana.
La inyección y motorización de la economía dominicana se desprende del impulso de los mercados financieros, de inversión, turismo, exportación e importación de productos, servicios y obras que den como producto el bien social. Pero para ello debe estimularse a través de una eficiente herramienta jurídica la buena competencia de todos los sectores productivos y un buen régimen económico que contribuya a un buen desarrollo humano, disminución de la riqueza, la aplicación de la justicia social, equidad, cohesión social y territorial.
El Fideicomiso Público tiene como objetivo marcar un hito de sostenibilidad económica y cuidado y regulación de la administración de los recursos del Estado, dando como resultado una estructura social solida a todas nuestras instituciones públicas, cuidando los bienes tangibles e intangibles que se encuentran bajo su cobertura.
El aporte del Fideicomiso Público al Estado dominicano, es el establecimiento de un referente legal a los demás países del hemisferio sobre una excelente organización estatal de los recursos públicos, la implementación de controles y planes de seguridad a través del desarrollo de obras, proyectos de infraestructura y servicios de interés colectivo. Implementa el uso de filtros institucionales y firmas autorizadas que establecen un sinónimo de transparencia.
En fin, pensamos que es cuestión de tiempo para que el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo pongan bajo sus voluntades la implementación de esta herramienta jurídica en su estructura administrativa.
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Por Josué del Orbe