RESUMEN
Serie: Seguridad alimentaria en tiempos de tensión geopolítica (2 de 3)
Cuando se analizan los efectos de las tensiones geopolíticas sobre la producción de alimentos, suele ponerse la atención en el petróleo y en el costo del combustible. Sin embargo, existe un factor menos visible pero igual de determinante para la agricultura: los fertilizantes.
La agroindustria moderna depende profundamente de estos insumos, y en el caso de la República Dominicana esa dependencia es prácticamente total. El país importa la gran mayoría de los fertilizantes que utiliza su sector agrícola.
De acuerdo con datos de comercio exterior, cada año se importan cientos de miles de toneladas de fertilizantes, con una factura que en condiciones normales puede situarse alrededor de US$250 millones anuales.
Dentro de estos insumos, la urea es uno de los fertilizantes más utilizados en cultivos clave de la producción nacional, como arroz, maíz, plátano, banano, cacao y vegetales. Su importancia en la productividad agrícola es determinante.
Pero su fabricación depende directamente del gas natural, lo que significa que su precio está estrechamente vinculado al comportamiento del mercado energético internacional.
Cuando el petróleo y el gas aumentan de precio, los fertilizantes suelen seguir la misma tendencia. Si el barril de petróleo se mueve hacia niveles cercanos a los 100 dólares, como ha ocurrido en otros episodios recientes de tensión geopolítica, el impacto sobre los fertilizantes puede ser significativo.
Un aumento de esa magnitud en los mercados energéticos puede traducirse en incrementos de 20% a 30% en el precio internacional de fertilizantes como la urea. En términos prácticos, una factura anual de importación de fertilizantes que hoy ronda los US$250 millones podría escalar fácilmente hacia los US$300 millones o incluso más, dependiendo de la intensidad del shock energético. Ese aumento no desaparece dentro del sistema productivo.
Termina trasladándose, de una u otra manera, a los costos de producción agrícola y posteriormente al precio de los alimentos.
En la República Dominicana, el gobierno ha implementado políticas que han ayudado a amortiguar parte de estos impactos. El subsidio a los combustibles ha sido una herramienta clave para evitar que el aumento del petróleo se traslade de forma abrupta al transporte, a la logística y a las actividades productivas del campo.
Sin embargo, en el caso de los fertilizantes existe otro elemento que muchas veces pasa desapercibido. Una parte importante de estos insumos llega al productor a través de esquemas de financiamiento otorgados por las propias empresas agroquímicas, lo que significa que el agricultor adquiere fertilizantes a crédito y los paga al momento de la cosecha y a una facturación en dólares.
Este modelo permite mantener la producción aun cuando el productor no dispone de liquidez inmediata. Pero también genera una cadena de costos que termina incorporándose al sistema productivo. Cuando el precio de los fertilizantes aumenta, ese incremento se refleja tarde o temprano, a la mesa de los dominicanos. Frente a esta realidad, el país necesita avanzar en mecanismos que permitan proteger al productor frente a la volatilidad internacional de estos insumos estratégicos.
Aquí cobra un papel fundamental el Banco Agrícola de la República Dominicana, que sigue siendo la principal —y en muchos casos la única— institución financiera especializada en el financiamiento del campo dominicano. Su rol no se limita a otorgar crédito; está llamado a ser un instrumento estratégico para garantizar la estabilidad de la producción nacional y la seguridad alimentaria del país.
En ese contexto, el desarrollo de vehículos financieros innovadores puede convertirse en una herramienta clave para mitigar el impacto de los fertilizantes sobre los productores.
Una alternativa es la estructuración de fideicomisos de compra de fertilizantes, que permitan realizar adquisiciones consolidadas en los mercados internacionales. A través de estos mecanismos se podrían negociar mejores precios, asegurar inventarios estratégicos y ofrecer esquemas de financiamiento más estables para los productores.
Asimismo, podrían crearse fondos rotatorios de insumos agrícolas, que permitan realizar compras anticipadas cuando los precios internacionales se encuentren en niveles más favorables.
En este punto también cobra relevancia el uso de instrumentos financieros como el factoring. Mediante esta figura, las empresas importadoras o distribuidoras de fertilizantes podrían ceder sus facturas o contratos de suministro a instituciones financieras, obteniendo liquidez inmediata para realizar compras anticipadas en el mercado internacional.
El factoring permitiría adelantar recursos, asegurar inventarios y estabilizar el suministro de fertilizantes, reduciendo la presión financiera que normalmente recae sobre el productor. Además, distribuye el riesgo dentro del sistema financiero, permitiendo que bancos y entidades especializadas participen en la financiación de la cadena de suministro agrícola.
Instituciones como el Banco Agrícola podrían desempeñar un papel clave en la estructuración de estos mecanismos, facilitando el acceso a insumos estratégicos sin comprometer la liquidez de los productores.
La seguridad alimentaria de un país no depende únicamente de su capacidad de producir alimentos, sino también de su capacidad de proteger a sus productores frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Los fertilizantes seguirán siendo un insumo indispensable para la productividad agrícola. Pero si el país logra combinar innovación productiva, planificación estratégica e instrumentos financieros adecuados, será posible reducir su impacto como factor de vulnerabilidad en la agroindustria dominicana.
Porque al final, proteger al productor también significa proteger la estabilidad de la mesa de todos los dominicanos.
Por Eddy Montás