Los recientes feminicidios perpetrados por agentes policiales y militares en República Dominicana exponen una verdad incómoda: no se trata de casos aislados ni de “arrebatos pasionales”, sino del síntoma de un problema estructural dentro de las instituciones que, paradójicamente, deberían proteger la vida.
Que un capitán del Ejército, un sargento de la Policía Nacional y un suboficial del Ejército hayan asesinado a sus parejas en menos de quince días es más que una coincidencia trágica. Es la muestra de cómo el machismo institucionalizado, la jerarquía rígida y la normalización de la violencia se mezclan con el acceso irrestricto a armas de fuego para convertir conflictos personales en tragedias irreparables. Cuando un agresor tiene un arma de reglamento, la escalada de la violencia es casi una sentencia.
Ante esta realidad, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se ha pronunciado para condenar estos hechos y anunciar que se están reforzando los programas de atención a la salud mental de los agentes de la Policía Nacional. Es un paso necesario, pero insuficiente si no se traduce en protocolos firmes: evaluaciones psicológicas constantes, retiro inmediato de armas cuando hay señales de violencia doméstica y una vigilancia interna que no mire para otro lado cuando un uniformado muestra comportamientos agresivos.
Estos feminicidios deben ser un punto de quiebre. Necesitamos reformas de fondo, no reacciones momentáneas. No podemos seguir normalizando que el Estado ponga el uniforme, entregue el arma y la víctima termine poniendo el pecho. Es hora de que la protección de la vida sea prioridad real y no solo un discurso que se desempolva cuando ya es demasiado tarde.
Mientras este país siga viendo cifras en rojos, sin la actuación eficiente, estamos jodidas. Oh, ¿y quién podrán defendernos? El chapulin colorado…murió hace mucho Chespirito.
Por: América Pérez.
La autora es Lic. Comunicación Social «Periodismo», magíster en Diplomacia y Derecho Internacional.