EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Yulibelys Wandelpool, especialista en derecho administrativo y compras públicas, aseguró este lunes que tras la Dirección General de Compras y Contrataciones anular el proceso para la instalación de semáforos inteligentes y cámaras de seguridad en el Gran Santo Domingo, por parte del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), también quedan anuladas las demás actuaciones y actos que se produjeron antes, incluyendo el adelanto de 65 % del monto adjudicado, equivalente a mas de 800 millones de pesos.
Al explicar mediante un comunicado las acciones legales que pudiera encaminar el Estado a partir de lo que establece la resolución RIC-168-2023 que anula el pliego de condiciones, debido a las constantes denuncias por violación a principios que rigen las compras públicas, la profesional del derecho dijo entender que en este caso hubo negligencia, inobservancia y falta de experiencia técnica en los funcionarios del Intrant que «manipularon» los documentos aludidos, pues se pudo verificar que había presuntamente documentos falsos y presuntas calidades no acreditadas por las empresas vinculadas y no se hizo el trabajo para garantizar el interés público.
“Para gran parte de la sociedad, resulta preocupante que ya fue ejecutado más del 65 % del monto adjudicado, ascendente a 1,300 millones de pesos, de los cuales ya fueron entregados 849.99 millones de pesos a la empresa adjudicataria, entonces qué va a pasar con esos recursos sí hubo cuestiones de vicios en el proceso”, manifestó.
Al respecto, la experta indicó que a pesar de que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones no contiene sanciones penales, solo se abordan sanciones administrativas, en el presente caso se denuncian otros ilícitos, como la falsificación de documentos, situación que si envuelve un presunto ilícito penal que el Estado debe tomar en cuenta para perseguirlo, además de poder sustentar el daño y perjuicio que permita recuperar económicamente lo que implica el daño que puede haber causado al Estado, en esa demandada deben estar incluidos todos los presuntos responsables, incluidos los miembros del comité de compras, los peritos y la máxima autoridad de la institución al momento del hecho.
Adelantó que «sobre el proceso de debida diligencia que se debe agotar de manera eficiente con respecto de los documentos presentados por los oferentes en un proceso de compras, primero el comité de compras y unidad de compras tiene toda la facultad de hacer la debida diligencia, llamadas, requerir recertificación y consulta con terceros, pero además hay un grupo técnico de peritaje que está evaluando toda esa oferta técnica en los documentos que la sustentan».
